Paro agrícola: La hora de Sheinbaum

HABRÁ QUE ESTAR pendientes de la mañanera de hoy porque lo que diga la presidenta sobre el Paro Nacional Agropecuario que inició el pasado martes en veinte estados del país, definirá si se convierte en indefinido y con acciones más viscerales.

Es un tema que explotó, pero no lo sentimos al estar el foco de atención en las inundaciones en cinco estados del centro, pero es una situación grave pues en este sector se ubican casi 6.8 millones de mexicanos. Esto equivale al 11.5% de la fuerza laboral total (alrededor de 59.5 millones de ocupados en México).

A través del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), liderado por Eraclio "Yako" Rodríguez Gómez (no olvide este nombre), los agricultores piden cinco puntos:

1.- Precios de garantía viables: Al menos 7,200 pesos por tonelada de maíz (el actual ronda los 4,500 pesos, insuficiente para cubrir costos que son de 5 mil 500 pesos por hectárea). Si Sheinbaum no anuncia en su mañanera que se va a incrementar al precio que quieren, va a arder troya. Se requieren esas palabras mágicas.

2.- Exclusión de granos del T-MEC: Sacar la producción de maíz, trigo y otros granos del tratado comercial para proteger el mercado nacional.

3.- Mayor seguridad en el campo: Combate a extorsiones y violencia contra productores (ejemplo en aguacate y limón en Michoacán y otro tanto en Sinaloa).

4.- Apoyo a pequeños productores: Banca de desarrollo, subsidios y programas contra la crisis (incluyendo sequías y desastres naturales). En estados como Sonora, Jalisco y Sinaloa, principales productores de maíz, los agricultores no logran recuperar inversiones, lo que amenaza la seguridad alimentaria del país.

5.- Diálogo inmediato: Mesas de negociación con SADER y gobernadores, con soluciones concretas antes de un paro indefinido.

Estas protestas no son aisladas; surgen tras reuniones fallidas con la SADER, como la del 3 de octubre en Sinaloa, donde se prometió una propuesta de certidumbre, pero sin resultados concretos.

Ya ha habido pláticas tras el paro en algunos estados y se han detenido manifestaciones con tractores y bloques carreteros, pero en la mayoría no.

Hay un punto muy interesante que poco se ha tratado, el abandono de las tierras de cultivo que pasan a ser urbanas y disminuye la capacidad de siembra.

Los ejidos representan el 50% de la superficie agrícola de México, 100 millones de hectáreas de 200 millones totales, según el Registro Agrario Nacional. Desde la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992, pueden privatizar y vender sus parcelas (vía el programa PROCEDE/FANAR), lo que facilita el cambio de uso de suelo de agrícola a urbano. En 2023, el RAN reportó que 60% de los ejidos están certificados para venta.

El resto lo conforman propietarios privados (comunes en Sinaloa y Chihuahua) que son más fáciles de vender para urbanización, ya que no requieren asambleas ejidales y comunidades agrarias que son similares a los ejidos, pero con procesos más complejos para venta debido a la propiedad colectiva.

En 2024, el INEGI reportó que 1.2% de la superficie agrícola nacional (unos 2.4 millones de hectáreas) cambió a uso urbano o industrial entre 2010 y 2023, impulsado por proyectos inmobiliarios y parques industriales.

En Sonora, la urbanización creció en zonas como Hermosillo y Nogales, donde ejidos cercanos a carreteras se vendieron para desarrollos residenciales. Hay preocupación por la compra de tierras agrícolas por corporativos extranjeros (especialmente en el Bajío y Sonora) para agroindustria o logística, lo que refuerza el temor del frente agrícola. Cerca de Guadalajara los desarrolladores ofrecen hasta diez o más veces el valor agrícola por hectárea (que cuesta unos cincuenta mil pesos) y les ofrecen entre medio y un millón de pesos.

A como está la situación en el campo es más redituable la venta pues la banca de desarrollo cubre solo el 10% de los productores y en los estados fronterizos la demanda de suelo para logística y vivienda crece por el nearshoring y el T-MEC. La crisis en el sector ya es visible especialmente en Guaymas-Empalme donde hay dos mil 500 hectáreas de cultivo abandonadas.

En el caso de Sonora, con sus 200 mil empleos en el sector, en el Valle del Yaqui, epicentro de la producción de trigo (52% nacional), la crisis por bajos precios impulsa las protestas pues se han presentado pérdidas por mil 500 mdp por 178 mil hectáreas no sembradas en este año.

Hermosillo enfrenta retrasos logísticos desde el valle, afectando su mercado alimentario pues depende del Valle del Yaqui en 30% de su economía rural. Retrasos en insumos desde Cajeme elevaron los precios de maíz y trigo entre 5 y 8% en mercados locales, impactando panaderías, tortillerías y consumidores al incrementarse los precios entre un diez y quince por ciento según analistas.

También la interrupción en cadenas de suministro amenaza entre cinco y diez mil trabajadores de la agroindustria (empaques, transporte) por lo que, si el paro es indefinido, podría costar entre 50 y 100 mdpo diarios en la región, con Hermosillo como nodo logístico más afectado.

La situación del campo mexicano es una olla a presión que la atención mediática ha desviado, pero cuya gravedad es innegable. Más allá de las demandas urgentes por precios justos y seguridad, el trasfondo de esta protesta revela un modelo económico y territorial fallido: la precarización del agricultor, la amenaza a la seguridad alimentaria y la imparable pérdida de superficie cultivable a manos de la mancha urbana y el nearshoring.

La "mañanera" de hoy no solo es un termómetro político, sino un ultimátum que definirá si el Gobierno Federal asume la crisis de manera estructural o si, con una respuesta insuficiente, empuja a los 6.8 millones de mexicanos que dependen del sector a una protesta indefinida, más radicalizada y con un costo que, sin duda, sentiremos todos en la mesa, en la economía local y, a largo plazo, en la soberanía alimentaria de la nación. La pelota está en la cancha de la Presidencia.

EN FIN, por hoy es todo, el lunes le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

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