El Plan

Entretelones

Samuel Valenzuela

A 400 kilómetros de la Zona Cero y en un ambiente de algo así como catarsis, nació el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, a través del cual el gobierno federal compromete un presupuesto de 57 mil millones de pesos y el despliegue de más de 12 mil elementos de las fuerzas armadas.

En un ambiente solemne en Palacio Nacional, la cúpula gobiernista de este país encabezada por la presidente Claudia Sheinbaum, replicó anuncios similares del pasado, para cumplir de forma póstuma las reiteradas solicitudes de apoyo del asesinado de forma vil, Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, a quien dicha cúpula gobiernista desdeñó durante los últimos meses.

Con 12 ejes, con más de 100 acciones y una inversión de 57 mil millones de pesos, las distintas instancias del gobierno federal pretenden someter a poderosas bandas de narcos otrora torturadas con abrazos en lugar de balazos y que tienen al estado michoacano sumido en la criminalidad y violencia.

No tenemos idea si fue invitada Grecia Itzel Quiroz García, esposa del munícipe asesinado y alcaldesa recién designada de Uruapan, pero en el atestado presídium no se ve por ningún lado, ahí donde si estuvo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a quien durante su intervención solo le faltó derramar lágrimas de cocodrilo.

Aún es tiempo de hacer correcciones al presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y reasignar esos más de 57 mil millones de pesos, porque en el trámite legislativo, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados rechazó propuestas de la oposición para fondear acciones como las anunciadas este domingo, toda vez que evidentemente los cuatroteros y verrugas aliadas no habían dimensionado aún las consecuencias del asesinato de Manzo, que rebasan ampliamente territorio michoacano.

El principal eje del plan es el cantaleteado propósito de atender a las causas de la violencia mediante programas sociales y educación que incluye impulso a la inversión generadora de empleos; inversión en infraestructura carretera, electrificación, alumbrado público, en educación, cultura y empleo para jóvenes en zonas de alto riesgo y que prevé una inversión de 30 mil millones de pesos el año próximo, para beneficio de más de un millón de habitantes.

También se anunciaron acciones para “detener a los generadores de violencia y afectar sus capacidades económicas y operativas”, despliegue de helicópteros, drones, sistemas antidron, vehículos desminadores y células contra explosivos, con especial atención en la zona agrícola, con 860 militares para proteger la producción de aguacate y 820 para la de limón, dos de las principales actividades económicas afectadas por la extorsión, además del reforzamiento de las áreas de inteligencia, acciones todas solicitadas y exigidas por el munícipe asesinado.

Espectacular el anuncio dominical de todas esas acciones y de esperarse que así de espectaculares sean los resultados, cuando en la lectura de todas las acciones que incluye, se advierte el profundo rezago que en todos los órdenes vive la gente de ese estado, con la esperanza de que ahora sí se logren las metas no como en los tres planes similares anteriores que sirvieron para maldita la cosa.

En la presentación del mentado plan, además del gobernador de Michoacán, también discursearon el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y hasta el titular de Economía, Marcelo Ebrard, todos encargados de poner la camita de flores para el chorizo de la presidente Claudia Sheinbaum.

En fin, el control de daños apenas empieza en ese convulsionado estado y de plano ya deberían tener lista estrategia similar para lograr la paz y la justicia en Sinaloa, en donde a ojo de buen cubero, las cosas están más complicadas que en Michoacán, con un gobernador como Rubén Rocha Moya quien luce mucho más enredado en complicidades con el narco que Ramírez Bedolla. A lo mejor por eso.

En otro tema no menos peliagudo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, solicitó la colaboración de la UNAM, el IPN y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C. para coadyuvar en los peritajes que realiza la Fiscalía General de Justicia estatal para hallar las causas del incendio en una sucursal de la tienda Waldo´s en Hermosillo que dejó 24 fallecidos y decenas de heridos.

Sabe qué percibió el mandatario estatal en la fiscalía general de Justicia del Estado a cargo de Gustavo Salas Chávez, que a una semana de la tragedia ocurrida en la capital sonorense, el mandatario estatal haya recurrido a la participación de equipos multidisciplinarios de dichas instituciones externas que “garantizará que este proceso se lleve con verdad, rigor técnico y absoluta transparencia, hasta determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan”.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el de Bavispe advirtió que no permitirá “que se politice la investigación; no habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios”, porque las investigaciones ministeriales y administrativas serán “exhaustivas y rigurosas” y se llegará “a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas, que garanticen a las víctimas contar con información concluyente y al mismo tiempo aclarar las preguntas de la opinión pública respecto de las responsabilidades penales y administrativas”.

Con dedicatoria para Juan González Alvarado, extitular de la Coordinación Estatal de Protección Civil durante el primer tramo de la actual administración estatal, Durazo Montaño subrayó que la Fiscalía estatal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificarán “con claridad los tramos de responsabilidad correspondientes y solo sus conclusiones marcará una pauta” o sea, no solo a Armando Castañeda le tocaría bailar con la más fea.

Para recordar, el ahora delegado de la SADER en Sonora, fue coordinador estatal de Protección Civil hasta abril de 2023, o sea que alguna responsabilidad le toca en el “tramo de responsabilidad correspondiente”, así como en la tragedia del Beer House en San Luis Río Colorado ocurrida tres meses después de su salida de protección civil para ocupar la secretaría particular del ejecutivo.

Como sea, el gobernador aseguró que con responsabilidad plena tomará las decisiones de gobierno “que sean necesarias para marcar un antes y un después” en este hecho; reconoció la solidaridad de los sonorenses para con las víctimas del incendio; y a pesar del dolor, las manifestaciones de sus deudos han sido pacíficas, y tener la total convicción de que no habrá impunidad.

De reconocerse la postura estricta y decisión del mandatario estatal ante tragedia en una tienda que por carecer de salidas de emergencia y operar un transformador en su interior, resultó una trampa mortal para 24 personas y que ahora podría derivarse en una afrenta para el fiscal Salas Chávez al endosarle grupos de especialistas multidisciplinarios de instituciones educativas de orden nacional.

Pues a lo mejor eso también debió hacerse en la indagatoria del ya citado antro Beer House en San Luis Río Colorado en julio de 2023, porque el único sancionado por la muerte de 14 personas fue un sujeto identificado como José Luis “N”, a pesar de que dicha cantina no contaba con el Programa Interno de Protección Civil, tampoco tenía salidas de emergencia ni extintores, además de carecer de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas.

Además del sujeto procesado por homicidio calificado, no hubo más nada del ámbito de la procuración de justicia, permaneciendo intocables el propietario del antro además de funcionarios públicos del Estado y el Municipio a pesar de las múltiples irregularidades atribuidas a omisiones del cumplimiento de obligaciones de varias áreas de gobierno del Estado y el Ayuntamiento sanluisino.

En aquella tragedia al parecer no fue para tanto, distinto a la de Waldo’s, que derivó en la rápida instrucción del gobernador Durazo Montaño y también del alcalde Antonio Astiazarán para separar de sus cargos a Armando Castañeda y a Fernando Morales de la coordinación estatal de Protección Civil y su equivalente en el municipio de Hermosillo, respectivamente.

Por lo pronto, dichas decisiones muestran aprendizaje al menos en lo que respecta a indagatorias de la tragedia y a eventuales sanciones penales, enseñanza no adquirida en materia de prevención luego de la tragedia en San Luis Río Colorado.

Obvias las continuadas omisiones del dueño del Beer House, de funcionarios de protección civil, de alcoholes, del ayuntamiento de San Luis Río Colorado el 22 de julio de 2023 y también obvias las continuadas omisiones de los dueños y ejecutivos de la cadena comercial Waldo’s, además de las áreas de protección civil del Estado y del ayuntamiento de Hermosillo, con la diferencia que en el primero de los casos la procuración de justicia con Salas Chávez a la cabeza, se trabó en lo mínimo y en el segundo, el gobernador decidió ir por lo máximo con el apoyo de la UNAM, el IPN y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.