Sinaloa es el aviso

EL "PLAN MICHOACÁN por la Paz y la Justicia" cuenta con doce ejes temáticos: Seguridad y Paz, Combate a la Corrupción, Justicia y Cero Impunidad, Atención a las Causas, Desarrollo Económico y Empleo, Educación y Cultura, Salud y Bienestar, Infraestructura y Conectividad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Asuntos Indígenas y Gobernanza y Relaciones Intergubernamentales.

Hay cuatro mecanismos de control:

Despliegue Masivo (Plan Paricutín) para mostrar fuerza y ​​decisión inmediata. El despliegue de más de 12,000 elementos federales (Ejército, GN, Marina) es la señal visible de que el gobierno está tomando acción contundente para "sellar el estado" y combatir a los cárteles.

En cuanto a je de Desarrollo y Bienestar se trata de abordar la crítica estructural de allí que el Gobierno Federal destine una inversión de más de 57 mil millones de pesos en infraestructura, educación, salud y programas sociales, se busca demostrar que se ataca la raíz de la violencia ("Atención a las Causas"), contrarrestando la visión de que solo se enfoca en la fuerza.

Sobre atención a casos notorios, busca restaurar la confianza en el Estado de Derecho. El anuncio de que no habrá impunidad en el caso del alcalde Manzo y la vinculación a proceso de detenidos busca disipar la sensación de que los crímenes de alto impacto quedan impunes.

Y la participación empresarial y social pretende legitimar la estrategia y generar respaldo. La realización de foros y la atención a productores de aguacate y limón buscan integrar a los sectores clave, reduciendo la oposición de la sociedad civil y el empresariado.

Es un plan de beneficio de Michoacán para lo que resta del sexenio. La primera fase (control, despliegue y cero impunidad) es inmediata con el plan Paricutín cuya implementación se realizará de aquí hasta que termine el año.

La segunda versa como consolidación durante los siguientes dos años, que vendría siendo el apoyo a la estructura y desarrollo, sobre todo la inversión de los 57 mmdp. Se busca generar un cambio estructural que sostenga la paz.

Y la tercera fase es de evaluación y transición que durará del 2028 al 2030, lapso en el que se debieron de haber sentado las bases de los tres órdenes de gobierno, así como concretado los grandes proyectos de infraestructura en todos los órdenes y se verá la efectividad del plan antes del cambio de gobierno.

Lo que no sostiene, ni señala, este mega plan es la falta de metodología que cumpla con los cuatro estándares de la gestión pública y métrica de éxitos por lo que, se le puede colocar con el estatus de “generación de buenas intenciones”.

1.- Lo que no se puede medir no se mejora. Los objetivos del plan se suelen centrar en insumos (cuántos millones se invierten, cuántos elementos se despliegan) y no en resultados verificables (cuántos cárteles se desmantelaron, que cantidad de impunidad se redujo en delitos de extorsión, o cuántos niños regresaron a la escuela).

2.- Hay una ausencia de línea base o un punto de partida para saber si se avanza. Si no se publica el diagnóstico detallado del antes (por ejemplo, el porcentaje de extorsión real, no solo la denunciada), es imposible medir el después.

3.- Faltan también indicadores intermedios de procesos pues todo plan debe tenerlos, (por ejemplo, el tiempo que tarda la Fiscalía en iniciar una investigación o el porcentaje de policías municipales certificados). Al no existir y publicarse el resultado final únicamente (número de homicidios o desapariciones), será difícil conocer si las estructuras intermedias están mejorando.

4.- La inversión multimillonaria debe transparentarse, sobre todo la asignación de los recursos que carece de un mecanismo de auditoría y transparencia que permita a la sociedad civil y expertos verificar que el dinero se está invirtiendo en los objetivos declarados y no en obras públicas sin relación directa con la paz. Pudiera ocurrir que los mismos integrantes del crimen organizado se vean beneficiados indirectamente con los 57 mil mdp como ocurre en casi todos los estados del país.

Podemos decir que Sinaloa implementa de forma similar de 6 a 7 de los 12 ejes del Plan Michoacán, aunque lo hace bajo una estructura programática diferente:

Hay fuertes similitudes en la estrategia de fuerza pública (Seguridad y Paz), de Prevención Social del Delito (Atención a Causas), en la Coordinación (Gobernanza) y en la Atención a Derechos Humanos. La diferencia es la inyección económica directa que en dicho estado provienen del presupuesto regular o convenios sin estar bajo un mismo “plan de paz”.

Michoacán y Sinaloa, los únicos en el país con más de diez mil elementos federales, carecen de indicadores de medición transparentes en sus planos de seguridad. El éxito estructural se diluye sin la rendición de cuentas, por más narrativa oficial que manejen sobre supuestos avances. Sin métricas verificables, el plan es solo una declaración de intenciones, tal como lo demuestra el ejemplo sinaloense.

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

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