Salud

Entretelones

Samuel Valenzuela

Cuando el 20 de mayo de 2022 el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, oficializó la transferencia de la infraestructura, personal y servicios de salud estatales al sistema federal IMSS-Bienestar en el marco del llamado Acuerdo Nacional de Federalización, se nos figuró que habíamos sido víctimas de despojo.

Pero en ese contexto irremediable y a pesar de percibir la aparente renuncia del mandatario estatal de cumplir con sus deberes constitucionales en la rectoría en la entidad de la conducción de los servicios de salud, nos consolamos porque creímos que tal transferencia representaría importantes ahorros, dado que, en toda la estructura administrativa del gobierno estatal, la Secretaría de Salud es una de las de mayor presupuesto.

Ese nuevo modelo en la prestación de servicios de salud en México, derivó de la emocional y visceral eliminación del Seguro Popular para implementar el engendro llamado INSABI, modelo que revirtió todo lo conseguido durante casi 20 años por el SP, y ante el éxito no obtenido, inventaron la figura IMSS-Bienestar, que no es otra cosa que centralizar en ese ente la prestación de los servicios de salud de todos los estados del país.

Pero la centralización mencionada mediante la transferencia de la infraestructura, personal y servicios de salud estatales al IMSS-Bienestar, al menos en el caso de Sonora no representó ahorros presupuestales, porque en la asignación de recursos anuales del Estado a la Secretaría de Salud se mantiene con ligeras variantes a la baja a partir del ejercicio fiscal 2020.

En otras palabras, a pesar de que hospitales, clínicas, centros de salud construidos con recursos estatales ya no son patrimonio de los sonorenses, permanece la obligación presupuestal anual, que este 2026 anda por el orden de los cinco mil 500 millones de pesos, o sea, ceder a la Federación la rectoría del estado del sector salud, en lo financiero no representó casi nada.

Y son múltiples las opiniones y posicionamientos respecto a que las otrora fortalezas del sector salud del estado se han ido debilitando, como es el caso de los llamados “Golpes de Realidad” de la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Sonora, Natalia Rivera Grijalva, quien, a propósito, cuando su paso por la legislatura local, calificó como despojo histórico del patrimonio de los sonorenses la transferencia pactada en mayo de 2022.

Puntual la Natalia al mostrar datos del INEGI y CONEVAL donde se muestra que más del 25 por ciento de los habitantes de este estado no tienen acceso a los servicios de salud, cuando antes a través del Seguro Popular sí lo tenían, así como el surtido de sus recetas, las cuales, por cierto, actualmente más del 50 por ciento se consiguen con cargo al bolsillo ciudadano, porque IMSS-Bienestar ha fracasado miserablemente en el abasto oportuno y suficiente de medicamentos.

Entre los datos expuestos ante representantes de medios de comunicación, que Sonora ocupa actualmente primeros lugares nacionales en dengue, superando incluso a entidades del sur-sureste del país, además de informar sobre el aumento en la letalidad de la rickettsia en un 41 por ciento, la reaparición de enfermedades como el sarampión, así como un incremento en la vulnerabilidad estructural derivado del aumento en el número de sonorenses sin acceso a servicios de salud.

Presentó indicadores relacionados con hepatitis C, accidentes de tránsito, parálisis flácida aguda y desabasto de medicamentos, además de subrayar que Sonora ocupa el segundo lugar nacional en desabasto, únicamente por debajo de Guerrero, indicando que menos del 50 por ciento de las personas que presentan una receta médica logran surtirla de manera completa.

Miren, por años el gobierno de Sonora registró estándares muy positivos en la prestación de los servicios de salud y creemos que de mantenerse la rectoría estatal en dicho rubro, estaríamos mucho mejor dado lo quisquilloso que es Durazo y lo efectivo y experimentado de José Luis Alomía, titular de salud estatal, ahora sujetos a decisiones centralistas y toma de decisiones en lejanos escritorios en la Ciudad de México, en el marco de una estrategia en la que la otrora eficaz Sonora, fue homologada a Guerrero, Chiapas, Oaxaca y otros estados del sureste en dicha materia.

Por otra parte, fue reiterada o ratificada la información presentada desde hace varias semanas respecto a la inversión de 10 mil 285 millones de pesos del gobierno federal para aplicarse a través del programa estatal de infraestructura carretera en Sonora, de un monto nacional de 315 mil 331 millones de pesos.

Se habla de una inversión federal histórica para mejorar la conectividad terrestre en esta extensa entidad, en donde la red de caminos estatales y carreteras federales por lo regular se encuentra en pésimo estado y de plano, se nos hace muy poco el 3.26 por ciento de lo que se invertirá a nivel nacional.

Pero algo es algo, porque con dicho recurso, así sea muy poco en función del problema carretero estatal y en comparación con otros estado de los montos de inversión, se podrá avanzar con obras estratégicas como los libramientos de Navojoa y Nogales; la modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino; la carretera Guaymas-Chihuahua; Ímuris-Cananea; Sonoyta-Puerto Peñasco y Sonoyta-San Luis Río Colorado, además de proyectos clave en gestión como los libramientos de Caborca, Sonoyta y San Luis Río Colorado, anunciados desde prácticamente el inicio de la gestión de Durazo como gobernador.

Como se ha informado, la carretera Hermosillo-Bahía de Kino se encuentra actualmente en proceso de modernización con un avance del 20 por ciento en su primera etapa y una inversión de 500 millones de pesos para intervenir 28 kilómetros.

Además, se supone ya dio inicio a la rehabilitación de la rúa Ímuris- Cananea con un recurso de 600 millones de pesos para la conservación del camino, acciones de bacheo, y mantenimiento en curvas, sin que tengamos idea de si se mantiene el proyecto de una carretera de cuota de alta especificación entre Ímuris y Cananea.

En la inversión anunciada se incluye la construcción del libramiento de Navojoa se invierten mil 500 millones de pesos en una longitud de 22.7 kilómetros, con el objetivo evitar el cruce de tráfico pesado por el centro de la ciudad.

También se contemplan trabajos de rehabilitación y bacheo en los tramos Federal 02 Janos-Agua Prieta, Federal 02 Agua Prieta-Ímuris, Federal 02 Altar-Sonoyta, Federal 02 Sonoyta-San Luis Río Colorado, Federal 08 Sonoyta-Puerto Peñasco, Federal 14 Hermosillo-Moctezuma, Federal 15 paso por Empalme ramal a Carbó, ramal a Benjamín Hill, ramal a San Ignacio; paso por Magdalena acceso a Nogales, Federal 16 Hermosillo-Yécora, y Federal 17 Moctezuma-Agua Prieta.

En ese paquete de obras no encontramos por ninguna parte la tan anunciada carretera de 94 kilómetros entre Altar y Sásabe, cuya prioridad es evidente dado que una mejor conectividad terrestre ahuyenta, desplaza y aleja a grupos criminales y es aporte importante para la pacificación de comunidades otrora aisladas.

Y ponemos como ejemplo la región de Yécora, en donde ante el paulatino avance en las distintas formas de interacción social, actualmente se viven buenos tiempos y con franca tendencia a mejorar, si se cumplen las expectativas por tanto tiempo alimentadas sobre construir carriles de rebase, para frenados de emergencia, reducir curvas y demás entre San Nicolás y los límites de Chihuahua, aunque tales trabajos deberían iniciarse a la altura de San Javier.

Como decíamos, en ese programa de obras no aparece la carretera Altar-Sásabe, y en dicha omisión se presenta el sorpresivo y paradigmático evento convocado por el alcalde de Caborca, Abraham “El Cubano” Mier, que reunió a sus colegas Luis Ángel Valenzuela Mendívil, de Altar; Edgardo Valenzuela Quiroz, de Sáric; Janeth Mazón García, de Pitiquito; Javier Moreno Dávila, de Santa Ana; Samuel Chaira Federico, de Oquitoa; Rafael Murrieta Mata, de Trincheras; Juan Francisco Calderón Méndez, de Atil, e Irabien Núñez Montoya, de Tubutama.

La reunión fue para unir esfuerzos con el fin de impulsar la construcción y modernización de ese tramo carretero, con la asistencia de empresarios del sector minero, prestadores de servicios turísticos y cinegéticos, agricultores y ganaderos, así como representantes del Gobierno de Estados Unidos, principalmente del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo del gobierno de los Estados Unidos.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la U.S. Customs and Border Protection, en Sásabe, Arizona y por eso se entiende que no hayan asistido el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim ni el de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval, a quienes como se sabe, el departamento de Estado gabacho les revocó sus visas por indicios de estar involucrados en la comisión de delitos transfronterizos y lo paradigmático se refiere a que “El Cubano” da más la facha para merecer la revocación de su visa.

Y por fin suspendió actividades la cantina más grande del noroeste, o sea, la EXPOGAN en Hermosillo, en cuya edición 2026 menudearon los borrachazos, zacapelas multitudinarias, tiros derechos y espectáculos denigrantes para la especie humana, quedando solo saber de las cuentas mochas de su dirigente Juan Ochoa Valenzuela y el supuesto compromiso de entregar al DIF estatal cierto porcentaje de lo recaudado por boletos de entrada.