Nada les sale bien…
EL DIABLO ESTÁ EN LOS detalles. Por eso todo servidor público debe leer los documentos que firma, hasta las letritas más chiquitas.
Los errores en estos días de la presidenta vienen desde que afirmó que los aztecas tenían dos siglos en México en aquella carta que envío al gobierno español y que explicaba la causa por la cual no invitaba a su rey. Qué vergüenza, la corrigió y le puso siete siglos. No sé sabe si la mandó. Pero ya sabe cómo quedó su imagen.
Luego ayer, Ricardo Monreal dijo que cometieron un error –hasta el momento--, en dos artículos de la ahora constitucional ley de reforma del poder judicial. El 94 que habla de renovar la presidencia de la SCJN cada dos años y el 97 donde dice que será cada cuatro años. Van a tener que volver a enviar otra reforma a la Constitución para corregir el yerro.
También se equivocó la presidenta cuando menospreció los amparos tratando de ningunearlos sin entender que están diseñados para defender la Constitución y los derechos humanos de tal forma que es el mecanismo para defender a la Carta Magna y hacerla valer ante los abusos de poder. Mostró la presidenta desconocimiento del tema. https://n9.cl/bkgng9
En la mañanera de ayer, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch en su presentación del plan nacional de seguridad puso una gráfica en la cual mostraba la incidencia del asesinato por cada cien mil habitantes de 2018 a la fecha y enmarcó como principales los estados de Colima, Baja California, Zacatecas, Chihuahua y Morelos. Creyó que era en serio.
La presidenta detuvo el error de su subalterno pues quería focalizar a Guanajuato y ordenó que se pusiera una gráfica de asesinatos de enero a la fecha donde sobresalía dicho estado en primer lugar.
Posteriormente cambiaron la gráfica en los documentos con un encabezado que decía: “Tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes”, un subtítulo que indicaba “de enero del 2018 a septiembre del 2024” y más abajo “Comparativo nacional” (como lo había presentado García Harfuch) pero luego viene “de enero a septiembre del 2024” como lo pedía la presidenta y sustituyeron la imagen y si, allí aparecía la tierra de Fox en primer lugar. Pero no la maliciaron ni quitaron los encabezados iniciales. Pena ajena.
Por eso cuando vemos la Estrategia de seguridad de los primeros cien días, lo primero que uno busca es ver que yerro cometieron ahora. Son 17 páginas que aquí puede consultar https://n9.cl/eg2d7
El plan no es la gran cosa. Es un esqueleto de conceptos, objetivos escuetos, maniobrabilidad, responsabilidades y buenos deseos. Dan un diagnóstico de todos conocidos donde la mafia tiene presencia en todo el país y menciona estrategias globales y posibles acciones prioritarias generalizadas.
En la página 12 del documento señalan los seis –de diez municipios—que atenderán con prontitud. Dejan fuera a Cajeme, Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Tlajomulco, Jalisco que no fueron prioritarios. Se entiende que empezarán por Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez en Quintana Roo y sí, Colima que encabeza la gráfica de Harfuch. No explican las causas.
Por cierto, ya no manejan “abrazos y no balazos” como estrategia y mencionan: “la fuerza del Estado”. Según este plan, todo parece indicar que van por las cabecillas –no, no está Sinaloa como prioridad--, con el pensamiento de que con esto van a reducir la incidencia delictiva que posiblemente se logre, pero, no es la solución pues esos grupos al nulificarle al jefe suelen transmutar a nuevas jefaturas y aquellos delincuentes inconformes conforman sus propias pandillas. Por eso hay más de 500 semi carteles en el país.
Otro punto que no manejan es el fin último de quienes sean aprehendidos. No hablan de construir más cárceles pues la lógica indica que por cada aprehensión será un reo más que alimentar. Al menos que no piensen dejar prisioneros vivos como ocurrió con Calderón al que tanto criticó la presidenta Sheinbaum en su lucha contra los carteles de la droga.
La cadena lógica establece: a mayor cantidad de aprehensiones, mayor número de cárceles.
Otro detalle que les faltó esclarecer es el embudo que existe en las agencias del ministerio público, no en los juzgados que tanto atacan. Para esto, sobra con señalar el último reporte censal del INEGI sobre procuración de justicia que puede ver en este link https://n9.cl/0wvx4
Al cierre de 2023, había tres mil 670 personas como titulares de la institución y de las unidades administrativas y agencias o fiscalías del Ministerio Público tanto federales como estatales, de los cuales 42.4 eran hombres con menos de dos años de experiencia.
En ese año se abrieron dos millones 226 mil 003 averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación, se determinaron un millón 867 mil 626 y quedaron pendientes de concluir o rezago por el orden de los dos millones 654 mil 284 que vienen arrastrando quien sabe de cuantos años. El INEGI da sus números sin análisis, pero se entiende que si la fiscalía federal o estatales le imprimen mayor velocidad a atender las averiguaciones previas ¿dónde chingados van a meter a tanto delincuente?
De las tres mil 881 agencias del ministerio público en el país, (hay aquellas que no cuentan con titular y son atendidas por secretarios) las generales, donde te reciben de todo tipo de delitos, son mil 888 y luego vienen las especializadas que son un buen número hasta llegar a las focalizadas en delitos cometidos por medios electrónicos que son once, en atención a turistas diez y que atienden a personas en contexto de movilidad, siete.
Es tan complicado el tema de la seguridad que lo único que le queda a este gobierno será regresar a la vieja escuela –como lo hicieron me imagino los gobiernos anteriores, salvo el de Calderón y quien sabe— que subrayaron sus esfuerzos en administrar el crimen organizado como lo manejó muy bien el guatemalteco Epigmenio Ibarra en sus series sobre narcos.
Pero insisto, nada les sale bien.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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