Guadalupe Taddei: inició su tormento legal

LOS HERMANOS JOSÉ Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, originarios del Estado de México, cofundaron siete empresas dedicadas al mismo tipo de proveedurías para los órganos electorales. Iniciaron sus operaciones en 2012 y fueron beneficiados como ganadores de concursos en OPLEs de Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Tabasco. En las licitaciones participaban nada más sus negocios que entre sí justificaban una contienda “justa”.

En el caso de Guadalupe Taddei, cuando fue titular del instituto electoral de Sonora (2014-2021), utilizaron el mismo esquema de simulación y ganaron millonarios contratos. Sus empresas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño, Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Merece ese período ser auditado, pues judicialmente deben pasar siete años antes de salir limpia la extitular.

Cuando Guadalupe es designada titular del INE en 2023 —con un mandato constitucional de nueve años—, empezó una purga de empleados (dos mil 900), desmantelando al instituto de su historia laboral. Colocó a gente de su confianza en la estructura de primer, segundo y tercer nivel provenientes, en su mayor parte, de las OPLEs de los estados referidos. Hizo lo que quiso, sin importar las reglas, y la resistencia a sus órdenes se difuminó.

El esquema de licitación con los personajes ya conocidos se elevó de intensidad, pues se pasó del manejo de decenas a centenas de millones de pesos. Funcionó en algunas elecciones, por ejemplo, la judicial y una adjudicación directa, donde prevalecen los nombres de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, ya mascadas por los medios de comunicación. En total, se presume que el corporativo de los hermanos Hernández Casillas superó las ganancias de los mil millones de pesos.

Una vez que Taddei colocó a su gente en las áreas de confianza, sobre todo en la relacionada con licitaciones y pagos, resaltaron —entre otros— los nombres ya conocidos de Jesús Octavio García González, quien antes de asumir la Dirección Ejecutiva de Administración del INE (encargada de dar los contratos) aparecía en actas notariales como apoderado legal tanto de Cajas Graf como de Corporativo Zeg.

Asimismo, el de Jonathan Navarrete Torres, registrado como apoderado legal de Corporativo Zeg mientras cobraba en la nómina de la Presidencia del INE como jefe de Departamento de transporte seguro. Es decir, los incluyó en la nómina para cuidar los intereses de todos los participantes en este jugoso pero corrupto negocio que, tan solo en este instituto, ronda los 400 millones de pesos.

En su defensa, Taddei alegó ante medios que ellos habían entrado y firmado un documento en el cual señalaban que no pertenecían a empresas proveedoras del INE. Según ella mintieron, pero el error cometido por la sonorense (no gana uno para vergüenzas ajenas) es que en la última ola de despidos “voluntarios” —830 personas de áreas clave—, se filtraron los nombres de las personas y medios como Reforma ataron cabos al checar en sitios oficiales de proveeduría que aún eran cabezas de esas empresas que negaron. Quiso echarles la culpa a ellos y zafarse del escarnio legal y mediático que hoy vive. Su relación con ellos viene desde 2014 y se han mostrado videos de pachangas con algunos dueños del conglomerado. Sí los conocía.

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó las simulaciones de los concursos, el empleo de factureras y cómo se distribuían los recursos a manera de lavado entre las siete empresas. Para junio de 2023 inmovilizó más de 400 cuentas bancarias asociadas a 13 personas físicas y a las siete morales de esta misma red de proveedores de materiales electorales; tras amparos ganados, la cifra se redujo a setenta cuentas congeladas al día de hoy. Pero allí está el antecedente de prueba.

El 20 de enero de este año se presentó una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control del INE contra Jesús Octavio García González por conflicto de interés y abuso de funciones (tras haber brincado de apoderado de Corporativo Zeg y Cajas Graf a Director de Administración). En abril renunció. Para junio, Jonathan Navarrete (el chofer-apoderado) omitió en su declaración reportar su poder notarial en Corporativo Zeg, al igual que otros involucrados pues esto no se acerca al fondo.

Todos los crímenes cometidos por hechos de corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ámbito federal se persiguen de oficio por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR. De acuerdo con el Código Penal Federal (Título Décimo: Delitos por Hechos de Corrupción), las acciones documentadas encuadran en los siguientes delitos:

Uso Indebido de Atribuciones y Facultades (Art. 217): Se comete cuando un servidor público otorga contrataciones, adjudicaciones directas o asignaciones presupuestales de manera ilegal o beneficiando a empresas vinculadas de forma indebida.

Ejercicio Abusivo de Funciones y Conflicto de Interés (Art. 220): Ocurre cuando el funcionario otorga empleos, contratos o beneficios valiéndose de su cargo a personas de su entorno o a empresas donde sus allegados operan como apoderados.

Tráfico de Influencias (Art. 221): Ocurre al promover o gestionar la resolución ilícita de asignación de licitaciones y plazas a favor de terceros o colaboradores cercanos.

Peculado (Art. 223): Se configura al desviar recursos públicos hacia fines distintos para los cuales estaban destinados, o al remunerar a personal de confianza con plazas de mando por labores ajenas al cargo público (como labores domésticas o personales).

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita / Lavado de Dinero (Art. 400 Bis): Aplicable a los representantes/apoderados de las empresas privadas e intermediarios si se comprueba la triangulación de dinero, simulación de competencia (licitaciones espejo) o uso de factureras. Son delitos graves.

Las penas conforme a su grado de participación —empresarios o funcionarios— van desde la inhabilitación hasta por veinte años y la restitución de los recursos obtenidos, hasta penas de cárcel de hasta 14 años.

En caso de declararse una falta absoluta de la titular del instituto, uno de los consejeros tomaría la presidencia de manera interina para dar pie a que el Congreso designe a la persona que le sustituiría de entre cinco propuestas evaluadas e insaculadas. Guadalupe Taddei apenas inició su tormento legal; el mediático ya lo manejó, y no muy bien que digamos.

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

Correo electrónico:

archivoconfidencial@hotmail.com

https://www.facebook.com/armando.vazquez.3304