Partido Verde propone endurecer sanciones a menores de edad al servicio del crimen organizado
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín advirtió que el aumento de 40 por ciento de homicidios cometidos por menores demuestra que “la realidad ya superó al marco legal”
Rafael Ramírez / El Sol de México
La iniciativa, presentada el miércoles 12 de noviembre ante el pleno del Senado, plantea reformar el artículo 18 de la Constitución para que, en casos excepcionales, los jóvenes que cometan delitos dolosos de extrema gravedad —como homicidio, secuestro o participación en grupos criminales— puedan ser transferidos al régimen penal ordinario al cumplir 18 años.
El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín advirtió que el aumento de 40 por ciento en homicidios cometidos por menores de edad demuestra que “la realidad ya superó al marco legal”. De esta manera, señaló que los grupos criminales reclutan adolescentes porque las leyes actuales los protegen con sanciones reducidas.
Recordó que el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue presuntamente perpetrado por un joven de 17 años, exhibió los vacíos legales que permiten al crimen organizado usar a menores como sicarios o halcones.
Añadió que, hace unas semanas, en Tabasco fue detenido un adolescente de 15 años con una metralleta, lo que —dijo— “confirma cómo el narco ha hecho de la adolescencia un refugio de impunidad”.
“No se trata de culpar a los jóvenes, sino de impedir que el crimen organizado se valga de un sistema que, por protegerlos, termina por generar impunidad”, sostuvo el legislador yucateco.
El senador explicó que más del 56 por ciento de los adolescentes sancionados cumple medidas en externación, sin estar privados de la libertad, y que solo el 27 por ciento permanece internado. Además, el sistema no distingue entre delitos menores y crímenes graves, lo que, dijo, genera “una sensación de injusticia entre las víctimas”.
La reforma contempla que un juez especializado pueda decidir, con base en evaluaciones técnicas, psicológicas y científicas, si un adolescente debe pasar al sistema penal ordinario al alcanzar la mayoría de edad. Durante su minoría de edad, el joven permanecería en centros especializados con acceso a educación y atención psicológica.
También se prohíbe mezclar a adolescentes con adultos antes de los 18 años y se refuerzan las garantías procesales con audiencias, pruebas y resoluciones fundadas.
El proyecto incluye modificaciones al Título Séptimo Bis de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la adición del artículo 421 Bis, que regulará los procedimientos interdisciplinarios para aplicar este tipo de medidas excepcionales.
“Buscamos que ningún adolescente pierda su derecho a la reinserción, pero también que ninguna víctima pierda su derecho a la justicia”, concluyó Ramírez Marín.
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