INE y partidos: Deudas ocultas y complicidad

SE EJECUTÓ EL laudo del expediente laboral 1452/2021-D, radicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco en contra del comité estatal de Morena por parte de tres ex asesores que demandaron hace cinco años atrás por un millón de pesos y que al día de ayer llegó a 8.5 mdp que, una vez que les empezaron a embargar de inmediato les pagaron. Pero la noticia causó escozor a nivel nacional al demostrar que el gigante es legalmente embargable.

Lo que destapó este acto es una cloaca que incluye no solamente a Morena, sino también a los partidos de oposición y al mismo INE o autoridades electorales de los Estados pues existe una especie de acuerdo silencioso, de complicidad, de guiño del ojo, --es un pacto de No Agresión Administrativa--, para no tratar el tema de la falta de declaración de pasivos que les repercutiría directamente en la entrega de sus prerrogativas. Todos se hacen patos por conveniencia al operar en una ilegalidad financiera compartida.

Como diría Jack, vamos por partes:

1.- Los partidos están obligados a registrar todos sus compromisos financieros incluyendo los pasivos que se generan a través de demandas, en este caso laborales. Si el INE detecta mediante una auditoría o un cruce de datos con los Tribunales Laborales que hay una deuda no declarada, la ley lo considera una "Omisión de Registro Contable".

La jurisprudencia del TEPJF (reforzada con criterios recientes de abril de 2026) establece que la sanción por ocultar deudas debe ser "inhibitoria". Por eso aplican multas del 100% o hasta el 150% del monto ocultado. Es una acción legal porque el partido está violando el principio de certeza y transparencia.

Si un partido tiene personas que dicen que trabajaron para ellos, pero esas personas no aparecen en la nómina oficial reportada al INE, entonces:

O el partido les pagaba con dinero en efectivo de procedencia desconocida (financiamiento ilegal de gobierno, narcos o de otra especie), o el partido está usando "voluntarios simulados” que en realidad son empleados sin derechos, lo cual es un fraude a la ley.

Cuando el laudo se vuelve ejecutable, como ocurrió en Jalisco, el partido tiene que sacar dinero de su cuenta oficial (nuestros impuestos, conste) para pagar algo que "no existía" en sus libros. Eso crea un descuadre contable que el INE castiga penalmente si sospecha que hubo desvío de recursos. Al no reconocer estas deudas laborales en tiempo y forma, el partido está incurriendo en una falta de veracidad.

Para la Unidad Técnica de Fiscalización, una demanda laboral "escondida" es el humo que indica que hay un incendio de financiamiento paralelo. Si no declaraste al empleado, es porque no querías que el INE supiera cuánto te costó realmente tu estructura territorial.

2.- Se estima que Morena arrastra más de dos mil 800 expedientes laborales vivos en todo el país. Ese gran salto tuvo su origen en 2024 – 2026 (un 70%) tras el proceso electoral pasado cuando miles de personas operaron como "Servidores de la Nación" simulados, coordinadores territoriales y personal de avanzada y que, al no ser absorbidos por las nóminas gubernamentales o recontratados por el partido, iniciaron una ofensiva legal masiva.

De esta cantidad hay aproximadamente 450 cuyos laudos ya están dictaminados y representan más de mil 200 millones de pesos que debe pagar de inmediato y que representan el 40% de su presupuesto de tres mil 200 mdp. Por cierto, en los siguientes seis meses la cifra pudiera subir de mil laudos gracias al nuevo sistema de justicia laboral pues los juicios ya no duran diez años como antes, sino que se resuelven en promedio de 8 a 14 meses.

Sonora no hace malos quesos pues hay más de 110 demandas laborales en diversas etapas procesales, por ejemplo, en primero, segundo y tercer tribuna laboral en Hermosillo hay cerca de 60, en Cajeme, Nogales y Puerto Peñasco suman otros cincuenta. Pero hay quince laudos que finiquitar ya por el orden de los 45 mdp, la mitad de sus prerrogativas cercanas a los 90 mdp en este año.

Los partidos de oposición también cuentan con demandas activas: PRI (800 con un monto en juego por el orden de los 500 mdp), PAN (450/350 mdp), PRD (300/ 220 mdp) y MC (150/100 mdp). Y claro, tampoco reportan los costos que arrojan, deje usted los laudos que es el fin del caso, sino la contratación y pago de abogados defensores que no creo que cobren poco. Y si, repito, ese dinero sale de nuestros impuestos.

3.- ¿Por qué este "Pacto de No Agresión Administrativa" se mantiene vigente a pesar de la ilegalidad? La respuesta es simple: en el ecosistema de los partidos, todos tienen "cadáveres laborales" en el clóset. El silencio de la oposición ante el boquete de Morena no es ignorancia, sino supervivencia pues demandar el cumplimiento estricto de la ley electoral en este rubro sería activar un ventilador que terminaría salpicando a todos.

Si el PRI o el PAN exigen una auditoría a fondo sobre los laudos de Morena, el partido en el poder respondería con la misma moneda, revelando que la oposición también opera con deudas ocultas para evitar que el INE les "taje" sus ya mermadas prerrogativas. Es un equilibrio de debilidades donde prefieren que la ley sea opcional mientras el negocio de la política siga fluyendo.

Sin embargo, el caso Jalisco ha roto el encanto. Lo que no pudieron (o no quisieron) hacer los partidos o el INE, lo está logrando la justicia laboral. A diferencia de los acuerdos políticos, un laudo ejecutorio no se puede ignorar, así como así.

Hay un riesgo denominado "Responsabilidad Solidaria" que permite que los litigantes ya no solo persigan los muebles de un comité estatal, sino que vayan directamente tras las cuentas nacionales del partido y ya aprendieron el caminito seguro lo que arrojará más noticias de alto impacto. Los actuarios, demandantes y abogados, se están frotando las manos.

EN FIN, por hoy es todo, el lunes le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

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