Estatización silenciosa: crónica de una metástasis
Es como el cáncer. Empieza con un punto anómalo que de no ser atendido se convierte en metástasis, siempre mortal. En los países con regímenes totalitarios, sin importar su ideología, el empresario que no esté con el Estado está contra él. No hay independencia. Y en México los primeros síntomas ya los estamos viviendo.
Cuando Sheinbaum puso un tope al litro de diésel en 28 pesos, prácticamente culpó a este sector de sus ineficaces políticas económicas y utilizó mano dura para que vean los mexicanos que gobierna a su favor.
La Onexpo aclaró en detalle que, de las 14 mil estaciones en México, ocho mil 100 incumplen con esta disposición temporal promovida por Sheinbaum porque están en los límites de ganancias aun y con los esquemas de apoyo hacendarios y por la totalidad de los factores que inciden en ese precio.https://n9.cl/82wqx
La presidenta, al igual que puso tope de 24 pesos en la gasolina de menor octanaje –“usen la verde”, dijo en su momento al mencionarle que la roja estaba muy cara--, violentó las reglas del libre comercio (oferta, demanda, promoción, etcétera), y utilizó el garrote legal para imponerse. Van poco más de 450 gasolineras afectadas con cierre, retiro de permisos o bien por inyecciones dolorosas de auditorías.
Resultado: el diésel está escaseando y fue uno de los señalamientos graves de los transportistas y agricultores en el pasado paro nacional. Las gasolineras convertidas en cascarones las piensa adquirir el gobierno para generar la “Gasolineras del Bienestar”.
Es una estatización silenciosa que no expropia por decreto como en Venezuela ni aplica la Ley de Precios Justos como en Cuba donde se encarcela de por vida, hay varios casos, al empresario exitoso que obtiene “onerosas” ganancias, sino que aplica la asfixia administrativa, el yugo de las nuevas leyes creadas ex profeso para implementar una tiranía centralista donde el gobierno se convierta el amo y dueño de todo en México, como ocurre en las tiranías del mundo.
Y hay más ejemplos.
1.- Podemos observar esta tendencia de la 4T con fuerte incidencia en el sector minero en el cual el gobierno ha frenado más de 160 proyectos mediante la falta de permisos ambientales y consultas indígenas interminables bajo el contexto de la nueva ley minera.
Resultado: A febrero de este año el gobierno “recuperó” más de mil cien concesiones mineras alegando incumplimientos o falta de actividad. No te quitan la mina por decreto, pero impiden que la operes legalmente hasta que queda “ociosa” y el Estado reclama su control bajo la premisa de soberanía nacional.
2.- Las reformas recientes a la Ley General de Aguas han transformado el líquido de un recurso concesionado en un instrumento de presión política. La autoridad ahora tiene facultades para ordenar la clausura o demolición de infraestructura privada si considera que hay un "riesgo hídrico" o daño a bienes nacionales, sin necesidad de juicios previos prolongados.
Resultado: Al igual que con el diésel, el gobierno usa la narrativa de "el agua es del pueblo" para revocar concesiones industriales o agrícolas y redirigirlas a proyectos estatales o de bienestar, dejando al empresario sin el insumo básico para producir.
3.- Para este 2026, la Secretaría de Marina (Semar) ya administra directamente cuatro puertos estratégicos y las aduanas. No solo vigilan, sino que operan. La Marina ha entrado al rubro de la industria naval y el turismo náutico.
Resultado: Desplazan a las empresas privadas de logística y mantenimiento. El empresario privado ya no compite con otro privado, sino con un militar que tiene el presupuesto y la fuerza del Estado de su lado.
4.- La administración de Sheinbaum consolidó en este mes la regla del 54/46, donde la CFE debe generar la mayoría de la energía, independientemente de si es más cara o sucia. A través de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, el Estado ha recuperado la capacidad de "ordenar y orientar".
Resultado: Si una empresa privada de energía limpia quiere invertir, se topa con un muro burocrático en la red de transmisión (que es monopolio estatal). Si no hay permiso de conexión, no hay negocio. Al igual que con el diésel, se limita la participación privada bajo el argumento de "justicia energética", forzando a las industrias a comprar energía a la CFE, eliminando la libre competencia de precios.
5.- Mediante el "Plan México", el gobierno ha centralizado la compra de medicamentos y ha endurecido el control regulatorio de la Cofepris.
Resultado: Se condiciona la entrada de nuevas medicinas a que las empresas acepten los "Precios de Garantía" del Estado. Aquellas farmacéuticas que no aceptan los márgenes impuestos por el gobierno enfrentan retrasos infinitos en sus registros sanitarios.
6.- El gobierno utiliza el "hambre" como argumento para la intervención de mercado. A través de Segalmex (que a pesar de sus escándalos de corrupción ha sido fortalecida este año), el Estado fija Precios de Garantía para granos básicos como maíz, frijol, arroz y leche.
Resultado: Si los grandes industriales de la harina o la leche no se alinean a los precios "sugeridos" por el gobierno para la canasta básica se les amenaza con abrir cupos de importación sin aranceles para traer producto más barato de Brasil o Argentina, quebrando con ello al productor nacional que prefiere venderle al Estado, aunque paguen tarde o simplemente dejan de sembrar convirtiendo al industrial en rehén de los subsidios gubernamentales.
7.- Ante el déficit de vivienda, el gobierno ha relanzado el Infonavit como constructor y ha endurecido las leyes de arrendamiento en grandes ciudades, limitando los aumentos de renta por debajo de la inflación. A las constructoras privadas se les frenan los permisos de uso de suelo o de impacto ambiental si no destinan un porcentaje altísimo (superior al 40%) a "vivienda social" con precios topados por el gobierno.
Resultado: Al igual que con el diésel, el gobierno intenta resolver un problema social destruyendo el margen de utilidad del privado. El resultado es la parálisis de la construcción privada y la fuga de capitales al extranjero.
8.- En este año el gobierno aceleró el control de la conectividad, el despliegue de “Internet para el Bienestar” y la consolidación de la CFE como proveedor de servicios. Se presiona a los grandes operadores privados para "compartir" infraestructura en zonas rurales bajo condiciones de precio fijadas por el Estado que utiliza la narrativa de la “brecha digital” para imponer tarifas sociales que no cubren los costos de inversión de las empresas privadas.
Resultado: El desincentivo a la inversión en redes 5G y fibra óptica, dejando el control de la conectividad en manos de la empresa paraestatal del sector de telecomunicaciones, lo que facilita el control de la información en situaciones de crisis.
9.- La obligatoriedad de cobrar programas sociales y ahora, ciertos trámites federales, exclusivamente a través del Banco del Bienestar por lo cual se han endurecido las regulaciones para las Fintech (empresas que utilizan la tecnología, como aplicaciones móviles y software, para mejorar, automatizar y hacer más accesibles los servicios financieros) y bancos privados bajo el pretexto de prevenir el lavado de dinero (el sospechosismo de la UIF), mientras se otorgan facilidades regulatorias a la banca pública.
Resultado: Es el inicio de un sistema de "monopolio de pagos" que recuerda a los sistemas de control de divisas, donde el Estado sabe exactamente quién tiene cuánto y cómo lo gasta.
10.- Existe un asedio a las universidades privadas mediante la revisión punitiva de sus RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) y el control fiscal de sus utilidades bajo el argumento de que "la educación no debe ser un negocio", así también se esgrime la centralización total de los planes de estudio y la desaparición de certificaciones internacionales en favor de las nacionales alineadas a la ideología del régimen.
Resultado: La fuga de cerebros. Al igual que el capital financiero, el capital intelectual está saliendo de México porque las reglas del juego ya no premian el mérito, sino la lealtad.
La metástasis está en curso. Lo que comenzó como una anomalía administrativa en el sector energético ha invadido ya los órganos vitales de nuestra economía, desde el campo hasta el intelecto.
Al final del día, el objetivo de este régimen no es la prosperidad compartida, sino el control total; una muerte anunciada para el México de libertades que conocimos, donde el Estado no solo busca ser el árbitro, sino el único organismo sobreviviente en un país de empresas fantasma y ciudadanos subordinados a la 4T.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando
Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios
escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas,
Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración
Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”,
Consultoría Especializada en
Organizaciones…
Correo electrónico:
archivoconfidencial@hotmail.com
