INE: El paredón del régimen
Tras meses de asambleas y una guerra de lodo por el control de los padrones, cinco organizaciones ciudadanas están a un paso de obtener su registro, pero el camino se ha convertido en una carrera de obstáculos diseñada desde las estructuras del poder.
El primer gran asalto ocurrió tras el cierre de plazos el 25 de febrero. En una maniobra calificada de "mala fe", Morena intentó dinamitar el registro de sus competidores mediante la afiliación masiva de 174,000 personas que desparramó entre los finalistas, justo días después de esa fecha.
Fueron vaquetones pues bajo el tecnicismo de la "última voluntad" —donde la firma más reciente de registro en el INE que en automático anula a la anterior—, el partido oficialista reclamó como suyos a ciudadanos que ya habían dado su aval a las nuevas agrupaciones.
El botín en disputa fue masivo: Somos México denunció el "secuestro" de 90,000 firmas; Construyendo Sociedades de Paz (CSP), 32,000; mientras que México Tiene Vida, 19,000, Que Siga la Democracia, 18,000 y México Republicano, 15,000. La estrategia era clara: dejar a los nuevos proyectos por debajo del mínimo legal de 233,000 afiliados o que se anularan las 200 asambleas reglamentarias.
Sin embargo, este martes 31 de marzo, el INE emitió un fallo preliminar que cambia el tablero. En una sesión extraordinaria urgente, la autoridad electoral determinó que las asambleas de las organizaciones se mantienen firmes. Morena no pudo demostrar la legalidad de esas 174,000 afiliaciones de "última hora" al no presentar pruebas físicas (firmas autógrafas).
Superada la aduana de las afiliaciones fantasmales, Somos México se encamina a una emboscada técnica en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). Se trata de la "Trampa de Cristal": el uso de la aplicación Clip para recibir micro-donativos ciudadanos.
Aunque estas transacciones dejan un rastro bancario impecable, el INE ha desempolvado el criterio con el que en 2020 aniquiló a México Libre, la organización de Margarita Zavala y Felipe Calderón que utilizaron la misma aplicación Clip.
En aquel entonces, el Instituto argumentó que, si bien el dinero era rastreable, no había "certeza" de que el titular de la tarjeta fuera quien físicamente hacía la donación, al no adjuntarse una copia de la credencial de elector en el dispositivo de cobro.
Esta "insuficiencia técnica" le permitió al INE declarar como "recursos de procedencia desconocida" el financiamiento de México Libre, negándoles el registro en la última curva. Hoy, Somos México enfrenta exactamente el mismo paredón burocrático, lo que eleva exponencialmente su probabilidad de ser rechazado a pesar de haber sobrevivido a las trampas de Morena.
Lo que indigna a los observadores no es la rigidez del INE, sino su selectividad pues mientras a los opositores se les aplica una fiscalización de microscopio por donativos digitales de 100 pesos, la organización Que Siga la Democracia parece transitar por una aduana de cristal.
Esta agrupación, vinculada estrechamente a la narrativa y cuadros de la 4T, ha movilizado estructuras nacionales masivas cuyo financiamiento permanece en una zona de penumbra. A pesar de las quejas por el presunto uso de recursos públicos y la operación de siervos de la nación en sus asambleas, la UTF ha mostrado una flexibilidad asombrosa, permitiendo que la organización avance sin los cuestionamientos de "certeza" que hoy asfixian a Somos México.
Para cerrar el cuadro de incertidumbre, el INE juega ahora con el calendario. Mientras el imaginario colectivo ha marcado el 30 de abril como el "Día D", en la sesión de este martes surgió una nueva cifra: 60 días.
Es vital aclarar esta trampa administrativa. El 30 de abril conoceremos la "sentencia técnica": el momento en que la fiscalización entregará sus pecados o perdones. Sin embargo, el INE planea "patear el bote" de la resolución formal hasta finales de mayo, agotando el plazo legal de dos meses que puede hacerlo, pero en este caso entra en el sospechosismo.
Esta dilatación de los plazos huele a estrategia: entre más se acerque la resolución al mes de junio, menos tiempo tendrán las agrupaciones para defenderse ante el Tribunal Electoral si el dictamen de la fiscalización resulta negativo. Administran el reloj para desgastar a quienes intentan romper el statu quo.
La moneda está en el aire. Ante la amenaza de que el registro sea abortado en el escritorio mediante este laberinto de fechas, las organizaciones han convocado a una Marcha Nacional por la Democracia en las próximas semanas de abril. El objetivo es claro: sacar el proceso de las oficinas del INE y llevarlo a la plaza pública para exigir que el instituto no use la fiscalización como "garrote" selectivo.
Si el Tribunal Electoral no corrige estos criterios sesgados (ya impugnados y tiene hasta mediados de abril para hacerlo) y la opacidad en los plazos, se confirmará que, en México, la libertad de asociación termina justo donde empieza el riesgo político para el sistema.
Al final del día, lo que se cocina no es un ejercicio de legalidad, sino un control de daños. Si el INE decide aplicar la “muerte por fiscalización” a unos mientras concede el “indulto por omisión” a otros, el mensaje será implacable: en la democracia del segundo piso, no se registra en el cumplimiento de la ley, sino en aquellos que no estorban al régimen.
El 30 de abril sabremos si el árbitro electoral aún tiene el silbato mediante la verdad técnica (aprobación o no) que será difícil de contrarrestar y a finales de mayo, (veredicto final) conoceremos si aún conserva su independencia o solo usa el cronometro para administrar la agonía de la pluralidad democrática.
La mesa está puesta: o nacen opciones ciudadanas, o se confirma que en México el registro de un partido es una concesión graciosa del poder, y no un derecho de los ciudadanos libres.
EN FIN, por hoy es todo, el martes le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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