PC: Un patito feo y mal querido

Durante el gobierno de Eduardo Bours la Ley de Protección Civil de Sonora se reformó en julio de 2009 tras la tragedia de la Guardería ABC. El Artículo 88 establece responsabilidad penal para inspectores por omisión en inspecciones que causen daños a la vida. El Código Penal (Art. 234) agrava el homicidio culposo si hay dos o más fallecidos, con penas de 3 meses a 6 años por víctima.

La ley vigente (refundida en 2018) mantiene esta responsabilidad: omisión letal múltiple implica prisión de 3 días a 6 años, con agravante hasta de 9 años. No hay prisión preventiva automática, pero sí posible como medida cautelar.

Además del castigo penal, la omisión conlleva efectos administrativos: destitución inmediata, inhabilitación de 5 a 10 años y multas hasta de cien mil pesos. Civilmente se activa responsabilidad solidaria por daños (Ley de Víctimas). Aplica en casos como Waldo’s donde inspectores enfrentan investigación por negligencia en dictámenes de seguridad e incluso son separados de sus cargos y enfrentan sanciones acumuladas junto con la posible reparación del daño a familias.

¿Le gustaría una chamba con esos agravantes?

La Ley 5 de Junio (decretada el 5 de junio de 2010 en tiempos de Guillermo Padrés) no es la misma que las reformas de 2009 bajo Bours sino que fue creada como norma especial para guarderías, simulacros trimestrales en centros infantiles y luto por ABC, sin alterar directamente la Ley de PC. Ambas coexisten, la de Bours castiga penalmente al inspector y la de Padrés protege específicamente a menores. Ambas aplican en casos como Waldo’s por analogía.

Son leyes duras, aunque ahora vemos que su eficiencia se fue degradando pues hace buen rato que en los centros infantiles no se ven simulacros trimestrales. Y tienen que ser las tragedias las que atraigan de nueva cuenta el tema de la importancia de protección civil que es una dirección cuya relevancia siempre ha estado apagada, con decirle que su presupuesto fluctúa alrededor del dos por ciento tanto a nivel estatal como municipal.

¿Cuántos inspectores tienen para vigilar el cumplimiento de las, alrededor de 40 mil empresas que hay en la capital sonorense? Se menciona que son sesenta y hay empresas certificadoras tanto de capacitación como dictaminadoras, pero no se dan abasto y quienes se dedican a esto saben muy bien que un trabajo mal hecho o una omisión los llevará a la cárcel. No es motivante que digamos.

¿Qué puede hacer el diputado Raúl González de la Vega, encargado de dicha comisión en el congreso del Estado ante esta realidad?... realmente muy poco o nada. De allí que tenga que esconderse como fuente informativa que es hoy ante la desgracia del primero de noviembre.

Estamos ante una problemática difícil de atender. Vaya, ni el cuerpo de bomberos, que suele hacer acciones similares a Protección Civil, se salva pues según estándares debe haber un bombero por cada mil habitantes y en Hermosillo hay 184 de base y 40 voluntarios. Uno por cada cinco mil, le faltan a la ciudad 776 lo cual, presupuestalmente es imposible.

En infraestructura y presupuesto, el departamento cuenta con 6 estaciones principales, 16 camiones extintores, 5 pipas y equipo donado (15 trajes y 10 respiradores autónomos vía Patronato de Bomberos de Hermosillo, un organismo civil clave para apoyo). En octubre pasado se invirtieron 20 millones de pesos en cuatro nuevas unidades extintoras modelo 2025, probadas en estaciones para reforzar operativos contra calor extremo y urbanización.

El Patronato y donantes como Hermogas, ayudan a mitigar déficits, pero es urgente una federalización para escalar a estándares internacionales o más o menos decentes.

Y como no hay dinero que alcance en este tipo de vigilancia se debería genera un nuevo modelo de inspección mediante formatos establecidos contextualizados en el tipo de unidad empresarial para que sea llenado y enviado a la autoridad por los mismos trabajadores de ser necesarios –la CTM perdió a cuatro de sus integrantes en Waldo´s--, bajo un sistema de buena fe con lo cual se da permiso al ayuntamiento o al estado a desarrollar inspecciones aleatorias –como son hasta el momento--, para observar su aplicación efectiva y claro, si se incumple las respectivas multas o posterior cierre del negocio. En este rubro los sindicatos tienen mucho que hacer.

En la ley hay algunos requisitos, pero estamos hablando de otro accionar más novedoso con el uso de la tecnología y una promoción adecuada a un proyecto de este tipo que castigue al que incumpla. Algo similar al pago de impuestos en Estados Unidos donde te dan la oportunidad de declarar cuanto debes pagar, eso sí, que no te agarren haciendo trampa porque vas directo a prisión.

Se hace necesario redefinir las estructuras de protección civil toda vez que, por ejemplo, hay actividades de empresas que pueden causar desastres mayores que los de Waldo´s como las fabricantes de hielo cuya emisión de los vapores químicos al aire puede acabar con la vida de varias cuadras a la redonda. ¿Y qué me dice de quienes fabrican fumigantes, o simplemente laboratorios de estudio en prepas y universidades?... ¿Tendrán vigilancia adecuada?

Protección Civil es el patito feo y menos querido de las administraciones porque son multichambas, lo mismo andan en carretera con accidentes de pipas que solucionando problemas viales, y en torrenciales lluvias ni se diga. Y es que, como los seguros, hasta que ocurre una tragedia se piensa en ellos en el hoy y ahora, no en el futuro.

Vaya, ni siquiera colocan al frente a personas capacitadas y el ejemplo más claro lo tenemos en la directora nacional de Protección Civil, una dama de nombre Laura Velázquez Alzúa, quien estudió Historia y Arte.

Por ello insisto, en Hermosillo y en Sonora deberemos de sufrir más tragedias hasta que nuestras autoridades y los diputados se pongan de acuerdo y tomen en serio el toro por los cuernos o bien, que la sociedad imponga nuevos mecanismos de apoyo y claro, de denuncias.

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

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