El Estado de la Vigilancia
LA ORGANIZACIÓN RED en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), https://r3d.mx/ con sede en la CDMX es una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Se enfoca en promover y proteger derechos como la libertad de expresión, privacidad, acceso al conocimiento y la cultura libre. Utiliza herramientas legales y de comunicación, incluyendo investigación de políticas, litigio estratégico, incidencia pública y campañas para lograr sus objetivos. Vale la pena consultar el sitio web.
Sus investigaciones están basadas en evidencias y colabora con otras organizaciones a nivel nacional e internacional, y ha expuesto casos significativos, como el uso de malware contra periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos en México, en colaboración con Citizen Lab y Article 19.
También ha alertado sobre propuestas gubernamentales que podrían crear sistemas de vigilancia masiva, como la implementación de una CURP biométrica obligatoria o un registro nacional de telefonía móvil, señalando los riesgos de vulneración de datos sensibles.
Una de sus investigaciones de 160 páginas, actualizada a este año, se titula: El Estado de la Vigilancia y deja ver que puede ser un arma de doble filo. Por un lado, se justifica como una herramienta para garantizar la seguridad nacional, prevenir el crimen o combatir el terrorismo. Por otro, su potencial de abuso es enorme y representa una amenaza directa a las libertades individuales.
Cuando los gobiernos recolectan datos masivos —como comunicaciones, ubicaciones o actividades en línea— sin transparencia ni límites claros, se abre la puerta a violaciones de la privacidad, censura y control social.
En regímenes autoritarios, esta vigilancia se usa para silenciar disidentes, controlar narrativas y perpetuar el poder, como se ve en sistemas de crédito social o reconocimiento facial masivo tal y como ocurre en Rusia donde Putin ha restringido libertades fundamentales bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, especialmente tras la invasión de Ucrania en 2022.
Impuso leyes contra la "propaganda antigubernamental" y la difusión de "información falsa" que han llevado al cierre de medios independientes, el arresto de periodistas y la persecución de opositores como Alexei Navalny, incluso se habla del "asesinato de opositores" y el "cierre de ONGs" como parte de esta represión. Según el Índice de Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras, clasificó a Rusia en el puesto 162 de 180. No hay libertad de expresión.
Otro caso es el de China, donde a nombre de la estabilidad y seguridad, el Partido Comunista implementó un sistema de vigilancia extensivo, incluyendo el Sistema de Crédito Social y cámaras con reconocimiento facial para monitorear a sus ciudadanos deteniendo a más de un millón de minorías musulmanas enviadas a campos de reeducación bajo la justificación de prevenir el terrorismo y el extremismo.
La Ley de Seguridad Nacional de 2020 en Hong Kong restringió severamente la libertad de expresión y reunión, con arrestos de activistas prodemocracia bajo cargos vagos de "subversión". Y las críticas de Amnistía Internacional ya sabe por dónde se las pasa. Y ni se diga de la "vigilancia digital extrema" como un modelo de control autoritario que también se implementa en la India donde las protestas tampoco están permitidas.
Curiosamente en Ecuador y su Ley de Inteligencia promovida este año, permite la vigilancia sin orden judicial, alineándose con prácticas de democracias como EU y su socorrida Ley Patriot (cuestionada por jueces federales), modelos similares a los de Reino Unido y Francia. En Turquía están vuelto locos, el gobierno toma como prisioneros a quien se le de la gana con la pura sospecha.
El peligro radica en la falta de contrapesos: sin regulación estricta, auditorías independientes o rendición de cuentas, la vigilancia estatal puede convertirse en una herramienta de opresión, sofocando la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
Incluso en democracias, el riesgo de que datos recolectados para "seguridad" se usen para otros fines, como manipulación electoral o discriminación, es real. O vaya usted a saber si esos datos pasarán a manos del crimen organizado y es que la tecnología actual amplifica este problema ya que la inteligencia artificial y el big data permiten analizar cantidades ingentes de información personal en tiempo real, a menudo sin que los ciudadanos lo sepan.
México va para allá pues de aquí al dos de julio se aprobarán leyes como la Ley Antilavado que permitirá a Hacienda acceder a datos financieros sin orden judicial y en el mismo tenor, la Ley de Guardia Nacional y otras normas, les facultarán para realizar inteligencia sin supervisión sobre quien les pegue la gana, mientras la Ley de Telecomunicaciones revive el padrón de telefonía móvil, declarado inconstitucional en 2022.
La CURP biométrica y la Llave MX permitirán interconectar datos públicos y privados, desde el SAT hasta registros vehiculares. Aunque el gobierno argumenta que estas medidas buscan seguridad, organizaciones como R3D advierten que legalizan prácticas intrusivas, militarizan el control y podrían derivar en autoritarismo y la permisividad de que el gobierno implemente un sistema de espionaje pues muchas propuestas ni siquiera tienen dictamen.
En estos ocho días de enfrente vamos a ver cómo uno a uno se estarán violentando nuestros derechos humanos a la privacidad y no vemos a nadie que les ponga un alto. Y todo con prisa, al troche y moche, como siempre.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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