Reviven enconos

2020-06-26 | Samuel Valenzuela | Columna
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ENTRETELONES, POR SAMUEL VALENZUELA

Como obra complementaria del Acueducto El Novillo, el Ramal Norte ahora llamado Acuaférico, fue manzana de la discordia por muchos meses hasta que Conagua, Profepa y Semarnat, obligaron a la suspensión de dichos trabajos a fines de abril del 2014, por carecer Manifiesto de Impacto Ambiental, invadir áreas de inundación en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, entre otras irregularidades.

No tenemos idea si el ayuntamiento ahora presidido por Célida López Cárdenas o la Comisión Estatal del Agua y su titular Sergio Avila Ceceña, ya subsanaron toda la diversidad de omisiones legales y cuyo desacato a la ordenanza federal, derivó incluso en órdenes de aprehensión contra Enrique Martínez Preciado, entonces titular de la CEA, y creciente rispidez en amplios sectores sociales, económicos y políticos del sur de Sonora, así como en la tribu Yaqui, que desde mediados del 2010 se mantenían en la lucha contra la obra emblemática de la corrupción en el gobierno de Guillermo Padres.

Desconocemos también si en el acuerdo unánime del cabildo de Hermosillo se antecedió con un concienzudo análisis, respecto a las causas del rechazo inicial de dicha obra, fundamentado principalmente en las incontrovertibles evidencias respecto a la especulación inmobiliaria en esa zona de Hermosillo, que gracias a información privilegiada, grandes extensiones de tierra fueron adquiridas por cercanos al padrecismo y que ahora esperan ser desarrolladas con el agua que les lleve el Acuaférico, sin importar sea con agua traída desde la presa El Novillo o desde el Molinito.

Es que luego de tirar piedras al matorral, se aclara y se asegura, que la conexión de la tubería de ese acuaférico no sería con el reservorio donde se recibe el agua extraída del Novillo, sino que será con la presa El Molinito, precisión que se hace de manera declarativa, sin especificarse nada al respecto en la información original sobre dicho tema, luego del acuerdo del Cabildo.

Disponemos de dos fichas técnicas muy detalladas del proyecto de las obras del Ramal Norte, cuya inversión a costos del 2013-2014 serían por $717,822,527 pesos, consistiendo en 33 kilómetros de tubería de 38 y 46 pulgadas, una planta potabilizadora de mil 500 litros por segundo, un reservorio de 1.2 millones de metros cúbicos de capacidad, una estación de rebombeo y tanques reguladores.

No entendemos cómo es que en el proyecto actualizado y ahora identificado como Acuaférico, el cabildo capitalino autoriza al Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo, léase Alfredo Gómez Sarabia, experto en asuntos financieros y hombre decente, a contratar bajo la modalidad de obra pública financiada solo hasta 370 millones de pesos, quedándonos la duda si tanta diferencia a la proyección inicial de inversión es por las clásicas mochadas del padrecismo que la encarecieron o se trata de avances alcanzados en ese tiempo, que ahora abaratan costos totales.

Ahora se trata de construir una infraestructura hidráulica que abastezca de agua a alrededor de 100 mil usuarios al norte de Hermosillo, sin que sepamos si dicha cifra son usuarios ya conectados a la red o lo serán luego de que vastas superficies sean ocupadas por empresas y proyectos de vivienda en ese sector de la cabecera municipal capitalina.

Además de las omisiones legales y violaciones a la reglamentación ambiental, en la cancelación del Ramal Norte, gravitó mucho el que se conociera el tráfico de influencias previo al anuncio de dicha obra, con despojos de grandes superficies perpetrados por operadores financieros asociados al gobierno del Estado, llevando como la principal figura a Alejandro Camou Aguirre.

En despachos periodísticos de la época, a Camou Aguirre se le señala como participante “en fraude millonario cometido en la gestión de Javier Gándara Magaña por 144 hectáreas, las cuales tienen un valor 10 veces menor, donde se realizará un parque industrial en sociedad con la familia Dagnino y la familia Padrés; ahí es donde llevan los tubos del Ramal Norte”.

Aquello fue un escándalo dados los antecedentes de Camou Aguirre como Propietario de empresa CP3 FINANCIERA, dedicada a comprar deuda a proveedores, a quienes la administración padrecista retenía pagos y quienes debían de apoquinar una buena comisión para que el citado recibiera de inmediato el pago de parte de la Secretaría de Hacienda.

Habrá que ver si lo acordado por el cabildo se refiere a la zona en mención que se localiza al final de Solidaridad y cruce con a la minera Niko, al Norte de Hermosillo, área alta y alejada de los servicios públicos, y en donde sin el Ramal Norte o el ahora acuaférico, todo el desarrollo inmobiliario o empresarial es impensable y si los propietarios de esas superficies siguen siendo los mismos.

El caso es que para efectos legales, desde el 29 de abril del 2014 está suspendida esa obra, que para efectos políticos, ya por rumbos del sur de Sonora se prendieron los focos rojos y todo indica que se reviven los enconos que durante el sexenio padrecista fracturó en dos a la entidad, dada la torpeza y ausencia de voluntad para el consenso del gobierno estatal, sin descartarse que de nueva cuenta cobre vida la aguerrida y combativa lucha “No al Novillo”.

Su posición frente a lo que consideran el curso urbano del acueducto El Novillo, es de rechazo absoluto externado por Baltazar Peral, reconocido liderazgo No al Novillo, así como del experto en estos menesteres, Alberto Vizcarra, quienes acusan al cabildo de Hermosillo de pretender beneficiar a especuladores inmobiliarios que demandan agua para proyectar sus millonarios negocios.

“No tienen vocación empresarial, no desarrollan nada, compran terrenos baratos y luego los venden caros al corromper a las administraciones municipales para que les lleven el agua y la infraestructura urbana. Se lavan la cara con el pomposo nombre de desarrolladores inmobiliarios”, apuntan.

En estos días o a lo mejor ya la alcaldesa López Cárdenas debió enviar al Congreso del Estado ese acuerdo de cabildo, con el fin de que sea la instancia legislativa emita la última palabra previo el dictamen que emitan las comisiones del Agua, Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, con la posibilidad de que también concurra la de Desarrollo Económico, en función que le de a ese asunto el presidente de la permanente, Francisco Javier Duarte Flores.

Habrá que ver cómo se ponen las cosas por esos rumbos, ya que si bien es cierto que no es igual al convenio de concesión para que una empresa privada operara el sistema de alumbrado público del municipio, negocio que fue cancelado, se parece mucho este nuevo esquema de financiamiento privado para una obra pública, ya que compromete ingresos futuros del Agua de Hermosillo, por lo cual hay que esperar vistosas maromas que justifiquen el rechazo de antes y la aceptación de ahora.

Por lo pronto, por supuesto que siempre estaremos de acuerdo en medidas de gobierno que eleven la calidad de vida de la gente, pero por lo delicado de dicho tema nos obliga a la cautela antes de conseguir todas las fichas informativas que identifican los pros y los contras de una obra que reúne sobrados picos de controversias de orden político, social, económico y regional, quedándonos la duda si fue suficientemente analizado por los integrantes del cabildo antes de aprobar darle para adelante a través de ese esquema de financiamiento.

Por lo demás, buenas las precisiones respecto al Plan de regreso Gradual a la Normalidad en la Impartición de Justicia en Sonora, conforme al acuerdo del Pleno de Magistrados del poder Judicial Estatal que preside Francisco Gutiérrez Rodríguez, para desmentir en primera instancia que la normalidad sería reanudada el próximo lunes.

En términos generales el plan que permita reanudar la actividad por esos rumbos con seguridad para personal, litigantes y ciudadanos está calendarizado de la siguiente forma si es que las cosas se mantienen como hasta ahora en relación a la tendencia del Coronavirus.

A partir del 1 de julio restableceremos el servicio Oral Penal para atender otra vez tanto asuntos “urgentes como no urgentes”, con la salvedad de que las audiencias de juicio empezarán a celebrarse hasta en agosto, tentativamente, adelantando que se trabaja en la preparación del el sistema no presencial, en el que deben aportar lo suyo la Fiscalía, Defensoría y Ceresos o sea, no es sólo es cuestión del poder judicial, en tanto que la segunda instancia será de servicio completo desde el 1 de julio.

En materias Civil, Mercantil y Familiar, tentativamente el 20 de julio, se pondrá en operación un sistema mayormente electrónico para la presentación de demandas y otros escritos, así como para la consulta de expedientes en los juzgados y tribunales, en todo eso previa cita generada electrónicamente.

Para ello, a partir de la próxima semana se dará amplia difusión a ese plan y calendario, así como que se implementarán programas de orientación, capacitación y apoyo mediante videoconferencia para el uso del sistema, tanto a usuarios del servicio como a prestadores de éste.

A fin de cuentas, de acuerdo esa gradualidad, a partir del 20 de julio se iniciaría la primera fase y operación de ese nuevo sistema de impartición de justicia en Sonora y tal calendario ya es del conocimiento de profesionales de la abogacía y de sus liderazgos, con el entendido, que así como en el resto de la vida pública de Sonora y México, luego de la pandemia que nos atosiga, ya nada será como antes y que todos debemos de poner nuestra parte para una mejor adaptación a los nuevos tiempos.