Tras años de exigencia, el Congreso avala Ley Contra la Desaparición de Personas
El documento, enviado al presidente para que lo promulgue, contempla que este delito sea imprescriptible y establece un Sistema Nacional de Búsqueda en el que deberán coordinarse diversas instancias.
(Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -
Después de años de exigencia por parte de familiares de desaparecidos y de organizaciones civiles, el Congreso concluyó este jueves con la aprobación de una nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una norma que tiene el objetivo de prevenir este delito y castigar a quienes lo cometan.
La legislación ya había sido aprobada en abril pasado por el Senado y, al ser avalada sin cambios por la Cámara de Diputados, fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para que se promulgue y pueda entrar en vigor.
En San Lázaro, la aprobación se dio este jueves por unanimidad: 397 votos a favor en lo general y 361 en lo particular.
La ley define la desaparición forzada como aquel delito en el que uno o varios funcionarios, o un particular con ayuda de servidores públicos, privan de la libertad a una persona y ocultan el hecho. En tanto, establece que la desaparición cometida por particulares ocurrirá cuando esta misma acción sea cometida por ciudadanos sin la intervención de algún funcionario.
Para ambos casos se contempla que estos delitos sean imprescriptibles —es decir, que puedan ser investigados y llevados a proceso sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que presuntamente se cometieron—, y se fijan penas que van de los 40 a los 60 años de prisión para la desaparición forzada, y de 25 a 50 años para la desaparición cometida por particulares.
Estos castigos podrían aumentar en 50% si el delito se combinara con otros factores, como que la víctima muriera o perteneciera a algún grupo vulnerable: mujeres, menores, adultos mayores o personas con discapacidad.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la ley también implica que deba crearse un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el que tendrán que coordinarse instituciones federales y locales, así como un nuevo Consejo Ciudadano especializado en el tema.
Una de las instancias que participarán en este entramado será una nueva Comisión Nacional de Búsqueda, que deberá contar con grupos expertos y que contará con herramientas como un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
“LLEGAMOS TARDE”
Durante la sesión —a la que asistieron familiares de desaparecidos y activistas, quienes en ocasiones gritaron las consignas "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" y "¡Justicia!"—, diputados de partidos de oposición reconocieron que el Poder Legislativo federal fue lento en aprobar esta legislación.
"Esta ley llega muy tarde (...) La desaparición forzada de personas es una estrategia de miedo, de terror. Por eso decimos que es una tragedia", dijo en tribuna el diputado Víctor Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano (MC).
En sus intervenciones, otros legisladores llamaron a que, luego de la aprobación, las instancias responsables actúen con rapidez para atender el problema, evitar que ocurran más desapariciones y, sobre todo, combatir la impunidad.
"México vive la más profunda crisis de derechos humanos de su historia y el Estado mexicano tiene la responsabilidad y la obligación directa de la solución", dijo la diputada Delfina Gómez Álvarez, de Morena.
La aprobación de esta ley había sido exigida por grupos de familiares, organizaciones civiles y expertos desde hace varios años, en particular desde septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron presuntamente a manos de policías de Iguala y Cocula ligados al crimen organizado.
A este caso se suman otros —en especial en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa— que han llevado a organismos internacionales a advertir de la falta de protección a los derechos humanos en México.
Con la aprobación de ambas cámaras del Congreso, la legislación llegará a la mesa del Poder Ejecutivo federal. La norma entrará en vigor 60 días después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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