El gober nos jugó el dedo en la boca…

ESTOY SEGURO QUE escuché decir al gobernador Alfonso Durazo el viernes 10 de junio pasado que el decreto publicado el seis de junio –mero día de la libertad de expresión--, no iba a atentar contra esta libertad pues iba dirigido con exclusividad contra los funcionarios públicos que promocionaran fotos y videos de personas fallecidas o bien, cuyos casos estuvieran envueltos en una Averiguación Pública.

En lo personal me pareció adecuado, pues en una columna anterior critiqué como atentatoria y difícil de comprobar lo que solicitaba e incluso que se podían inventar acusaciones contra los comunicadores. Pe…ro.

Confiados en su palabra no dimos seguimiento al famoso decreto publicado en el Diario Oficial, allá donde dice: Decreto número 40, que adiciona el artículo 167 Quarter, al Código Penal del Estado de Sonora. Página 28. https://bit.ly/3afSYpc

Lo trae más concreto y a detalle la prestigiada organización Artículo 19 https://bit.ly/3yJxvOy entre otras y actualizado por Raymundo Riva Palacio en su columna de ayer https://bit.ly/3yIZg9X de quien vale la pena rescatar lo siguiente:

En la preocupación de Amlo por los números que reflejan la violencia en el país, en Palacio Nacional, Amlo, con diferentes actores, entre ellos el gobernador Alfonso Durazo quien “sin saberse si fue voluntario o por encargo, el gobernador de Sonora, encontró una fórmula: si la violencia no puede acallarse, hay que silenciar a la prensa. El 6 de junio pasado publicó enmiendas al artículo 167 quáter del Código Penal del estado, donde incorpora el decreto 40, que establece:

“Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presenten, sea en el lugar de los hechos o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

Y si la columna de ayer de Riva Palacio, tuvo su censura –me imagino que directo de Edgard Sallard--, en Sonora pues medios que lo publicitan diariamente no subieron su escrito. https://bit.ly/3utRXk1

Pero regresemos con el gobernador.

El domingo doce de junio aclaró que al respecto y a través de Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica del estado, que esta reforma no tiene el propósito de coartar la libertad de expresión, el derecho a la información ni cualquier otro derecho que impida la transparencia o el escrutinio público en el actuar de las autoridades.

Luego, Salazar Razo empató el decreto con la Ley Ingrid con el fin de proteger a las víctimas. https://bit.ly/3yJzlyW

Sonaba bien y hasta creíble, pero nos quedamos con la promesa del gobernador de que se harían los cambios respectivos para señalar concretamente el castigo sobre todo y únicamente a los funcionarios públicos que difundieran ese tipo de imágenes. Pensamos que lo harían, determinando la corresponsabilidad focalizada de la aplicación penal directa sobre dichos burócratas y alejaría la disposición legal tanto de las madres buscadoras como de los mismos periodistas, pero no ocurrió así.

Prometieron cambios a la disposición legal vía decreto. No lo han hecho a la fecha.

Incluso y debo confesarlo, fui de aquellos que pensaron que como comunicadores no estaríamos sometidos al escrutinio penal en estos momentos y me equivoqué. Confíe, inocente, en las palabras del gobernador.

De hecho, hay antecedentes. Me pareció muy bien que en diciembre 8 del 2021 Alfonso Durazo firmara un convenio para garantizar los derechos de los periodistas sobre todo en la obligación legal de protección. https://bit.ly/3uuewFj

Todo, insisto, pintaba bien entonces.

Pero la lectura de Riva Palacio y constatar que Alfonso Durazo no cambió el decreto, nos externa una cercanía y violación a la libertad de expresión valorada por la CNDH que establece:

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley." https://bit.ly/3NNsaKD

El detalle es que como escribió Riva Palacio:

“Durazo se abrogó la facultad para censurar la cobertura periodística por la vía penal. Su decretazo colocó a Sonora, cuando menos por ahora, en el mismo nivel de las dictaduras, donde lo que no le gusta al gobierno lo reprime penalmente. No encontró el gobernador, arquitecto de la nula estrategia de seguridad del gobierno federal, mejor salida para ocultar la violencia en Sonora que, como su jefe político, tampoco enfrenta. Intentarlo como quiere es una tontería. El sol de fuego criminal siempre rebasará su dedo que lo quiere tapar.

“La Fiscalía General de la República, que tiene abierta una investigación en contra del columnista Mario Maldonado por difundir un material publicado en YouTube, piensa abrir otras contras comunicadores que revelen los entretelones en los que se maneja el fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Al reaccionar al decreto 40 de Durazo, las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y Artículo 19 señalaron, en un comunicado, https://bit.ly/3bHpdh8 que las modificaciones al Código Penal no cumplen con los objetivos legítimos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de ésta, sino que generaban un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad.

“Las conductas que castiga este decreto son tantas, que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la misma, en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar”, agregaron. “Los conceptos que utiliza son tan abiertos como ‘compartir’, ‘enviar’ o ‘difundir’, que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquier persona que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban”.

“Desde hace dos años Morena ha buscado fórmulas para censurar a la prensa. Propuso un Comité de Autorregulación de la Prensa en el Senado –un comité similar existe en el Reino Unido, pero organizado y financiado por los medios– y regular las redes sociales. El presidente, protegido por el Poder Judicial y la CNDH, insulta, difama y lincha a periodistas y medios porque no le gusta su abordaje crítico a temas públicos.

“La violencia en el país, mientras tanto, se incrementa. El número de asesinatos sigue creciendo. López Obrador sigue insistiendo en que es culpa de un gobierno que dejó de serlo hace casi 10 años. La prensa, en lo general, no se ha hincado ante él y sigue reportando cómo el país se pinta cada vez más de rojo. La confrontación con el presidente no parará, y sus ataques animan a que otros lo imiten de manera más salvaje: 12 periodistas muertos en lo que va del año es una prueba, aunque a él se le revuelva el estómago”.

Por eso insisto, Alfonso Durazo nos jugó el dedo en la boca y no se vale.

EN FIN, por hoy es todo, mañana seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorado en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…

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