Carros chuecos: entre la ley la justicia

Arturo Soto Munguia

Más de mil 160 vehículos internados ilegalmente al país son parte de las estadísticas de accidentes de tránsito en Hermosillo, sólo en el último año y medio. En lo que va de este año se han registrado 112 hechos delictivos en los que sus perpetradores conducen un vehículo de estas características, sin placas o con cartoncillos de afiliación a diversas organizaciones “pafa”.

El problema de los autos “chuecos” es ‘multifactorial’, como suele decirse cuando nadie se quiere hacer responsable de su solución, y en lugar de ello se buscan justificaciones y deslindes.

Pero uno de esos factores que integran el problema es el de la (in)seguridad pública, cuyas ondas expansivas nos alcanzan a todos.

Si nos moviéramos en la disyuntiva entre la ley y la justicia, al modo pejista tendríamos que optar por la justicia hacia las familias que no tienen más opción de movilidad que hacerse de un ‘onapafo’, pero caeríamos en la injusticia que representa para la mayoría, adquirir un auto nacional con todo lo que implica en términos de obligaciones fiscales, de las que los primeros estarían exentos.

Quizá por ello es que esta vez, los operativos para decomisar vehículos “chocolate” no han provocado reacciones como las de otros años, en los que se llegó incluso a quemar los autos en las calles cuando pretendían ser decomisados, o se organizaron caravanas exigiendo la legalización.

En esto tiene que ver también, la ofensiva ostentación con la que alguna gente se paseaba a bordo de sus “chocolates” de lujo: marcas europeas, convertibles, deportivos o grandes camionetas cuyo valor a todas luces se equipara al de cualquier automóvil familiar de manufactura nacional.

Queda claro que una gran cantidad de estos autos vienen a resolver problemas de movilidad a miles de familias hermosillenses, sin opciones frente al deplorable servicio de transporte colectivo, y si esos autos están afiliados, no aparecen en carpetas de investigación de delitos y sus conductores portan su licencia vigente, no serán decomisados.

Pero los que no se van a salvar son autos y motocicletas de alta gama o marcas de lujo, así que sobre aviso no hay engaño.

Por lo pronto, las calles de Hermosillo lucieron notablemente menos congestionadas y sólo se observaron algunos autos “chocolate” muy modestos. Incluso, en los lotes donde se venden estos vehículos se pudo apreciar que los de modelo más reciente y marcas de lujo fueron retirados de la exhibición y resguardados vaya usted a saber dónde.

II

Como sucede en la lógica de las malas noticias que desgraciadamente pueblan los medios de comunicación, las buenas noticias suelen pasar desapercibidas, o son minimizadas frente a eventos de nota roja.

Sin embargo, el lunes pasado se reunieron en Cajeme la gobernadora Claudia Pavlovich y Bill Newland, el presidente mundial de la firma Constellation Brands, nada menos que la tercera compañía más grande de cerveza en Estados Unidos, que desde su planta en Ciudad Obregón comercializa las marcas Corona Extra, Corona, Ligth, Modelo Especial, Negra Modelo y Pacífico.

Esta empresa comenzó a operar en enero de 2017 y en marzo de 2018 anunció nuevas inversiones para expandirse y aumentar su capacidad de producción a 8.5 millones de hectolitros en los próximos cuatro años. En su primera etapa, Constellation Brands abrió mil nuevos empleos y tiene proyectado llegar a tres mil en los próximos meses.

Acompañada del secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal y directivos de la empresa, reiteraron el compromiso de seguir trabajando en los grandes temas del desarrollo económico y la generación de empleos para mejorar la calidad de vida de los sonorenses.

Y de esos grandes temas se pasó a otros no menos importantes, pues tienen que ver con la igualdad de oportunidades y condiciones para las mujeres en una sociedad libre de violencia.

Ayer se llevó a cabo en Hermosillo el sexto encuentro nacional de armonización legislativa hacia la conformación de un código penal único que busca garantizar la equidad, la no discriminación y los derechos humanos de las mujeres que ayer integraron una muestra representativa del empoderamiento nacional que hoy mantienen como académicas, legisladoras, procuradoras, magistradas y líderes de organizaciones civiles.

Por cierto, el espaldarazo que le dio María Fabiola Alanís Sámano, representante de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman a Claudia Pavlovich se oyó hasta palacio nacional, al reconocer el trabajo que ha realizado en políticas públicas con perspectiva de género.

Habló de las nuevas formas de hacer política en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que para ello es imprescindible contar con el apoyo de los estados, siendo Sonora uno de los más comprometidos en esas tareas.

No anda muy errada la funcionaria federal, pues desde 2015 se impulsaron reformas al Código Penal para tipificar como delito la violencia política de género, castigándola con prisión y multa, así como el delito de violación entre cónyuges y derogar el delito de rapto para equipararlo al de la privación ilegal de la libertad.

Ni se diga las reformas para obligar a los partidos políticos a postular candidatos y candidatas en una proporción de 50 y 50 por ciento, lo que ya se tradujo en la legislatura local más igualitaria que haya existido en Sonora.

La agenda de este encuentro es, desde luego mucho más amplia, pero básicamente el objetivo fue el de terminar con la dispersión en los esfuerzos que cada quien en sus respectivas trincheras hacen, pasando a un momento en que todos esos esfuerzos sean armonizados para llegar a la igualdad sustantiva y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

III

Ya para finalizar, permítanme una fe de erratas.

Entre las prisas, la acumulación de temas y la traspapelada de documentos, en el despacho de ayer afirmamos que los consejeros estatales del IEE son electos por el Congreso del Estado. Hasta 2014 así fue, pero desde 2015 eso ya no sucede. Esa facultad recae en los consejeros del INE.

La maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez nos hizo esa observación ayer, cuando la encontramos en el evento de armonización legislativa.

Por otro lado, se comunica a este espacio el abogado Marco Antonio Andrade Aguirre, quien se desempeñara como director jurídico y como secretario Ejecutivo del CEE (antes de su transición a IEE), para comentar que sería un error desmantelar la estructura orgánica de los OPLES, ya que eso atenta contra el federalismo electoral en el país.

El costo, agrega, lo cubren los estados, así que el argumento de su financiamiento es inválido.

Más aún: el objetivo que se busca con la eliminación de los OPLES es centralizar todo el sistema para facilitar el control o la influencia política del Ejecutivo federal a partir de 2021. Así se cambiaron los sistemas electorales en Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Brasil, entre otros.

IV

Y a propósito de chuecuras, si creíamos que ya lo habíamos visto todo, permítanme decirles que no. Que si algo nos faltaba en el Congreso del Estado era la aparición de iniciativas “pafa”.

Pues sí. Resulta que durante meses, las diputadas de Morena, Yumiko Palomares y Miroslava Luján venían trabajando una iniciativa para reformar la ley del Registro Civil, de manera que en adelante se le permita a quien así lo desee, cambiar su sexo en su acta de nacimiento.

Más allá de la polémica que seguramente desatará esta iniciativa, el tema saltó a los medios porque la misma fue presentada como suya por la diputada Luján, a quien no se le conocía trabajo previo en temas de género, a diferencia de Palomarez Herrera, que abrió brecha en esta legislatura con la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario.

El caso es que Luján le dio un madruguete a Palomarez, y esta historia apenas comienza.

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