Crisis en seguridad, el prólogo

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Gilberto Armenta

Para el caso del nombramiento de Fiscal General en Sonora, es importante aclarar lo siguiente: El Congreso debe promover por lo menos un quinteto, pero la verdad es que pueden ser, ilimitadamente, más de cinco perfiles. Si ese es el caso, el Consejo Ciudadano reducirá la lista a un máximo de 5 aspirantes, y luego la titular del Ejecutivo hará lo propio para convertirla en una terna, y de esos tres perfiles finales, un mínimo de 22 diputados de los 33 en el Congreso, estarán decidiendo el destino de la Fiscalía General.

En relación con quienes compondrán esas listas, las especulaciones y las apuestas están a la orden del día, y los nombres van de lo ordinariamente plausibles a lo escandalosamente inadmisibles. Algunos tan inapropiados, que ni siquiera deberían ser nombrados en columnas o análisis políticos, o en espacio mediático alguno.

Pero, considerando la coyuntura política actual ¿Cómo se integrará esa lista? ¿Qué perfiles deberán llegar como terna al Congreso ¿Quién deberá estar tomando protesta como Fiscal General? La respuesta, esta vez, no es para nada sencilla.

Primero es importante establecer la coyuntura política actual, en manos en lo federal de la izquierda (no de Morena). Y dentro de ese control, más importante aún entender que el tema de seguridad está en manos de un sonorense, Alfonso Durazo Montaño, y que este a su vez, tiene aspiraciones políticas rumbo al 2021 (ya como candidato a gobernador, o ya como precursor de esa candidatura). Bajo esta premisa, y en aras de conquistar la gubernatura en la próxima elección, la seguridad en Sonora, ¿le debe ser tema a favor o en contra?

El problema es que no hay, aún esculcando a fondo, un perfil de izquierda que pueda cargar el enorme paquete de una fiscalía. No lo hay. Mire usted, aquí se expone la importancia de haber hecho las cosas cien por ciento pulcras desde el pasado 16 de septiembre, cuando los que ya gobiernan tomaron protesta. Pero lejos de mostrar operatividad política de altura, basada en los principios de humildad, austeridad y decencia, todos, alcaldes y diputados locales y federales (los siete de Sonora), se han dedicado a llenar sus alforjas con intereses personales, escandalizando a la sociedad con sus decisiones y acciones, obligándose ellos mismos a defenderse bajo el marco de lo indefendible.

¿Un Fiscal General en el que ellos mismos puedan confiar y avalar? Ante la evidencia, imposible.

Segundo y no menos importante, es que la seguridad en Sonora es responsabilidad exclusiva de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y compartida con su secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella. Todos los reclamos, exigencias, rendición de cuentas y resultados que provengan del sonorense, serán dirigidos a ellos.

Ante esto, la injerencia desde lo federal para integrar esa lista debe ser, en teoría, al grado mínimo de intervención.

Sería incongruente, luego entonces, que la mayoría en el Congreso intente una fiscalía de ascendencia izquierdista, o de filiación partidista a Morena, el PES o al PT, y que le deba rendir cuentas a ellos, y no a la gobernadora o a su gabinete. Imposible es el mejor adjetivo.

Pero, sigue siendo importante no olvidar que la seguridad es tema para los tres niveles de gobierno, y en Sonora, los municipios con mayor y ascendente grado de inseguridad son administrados por Morena, el PT y el PES (excepto Hermosillo, gobernado por el padrecismo).

Bajo esta única arista, el gobierno federal y el estatal deben poner especial y sobrada atención a este multicitado tema de la seguridad, y desde esta óptica, el Fiscal General debe ser un perfil aprobado por los tres poderes: El Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, con la anuencia de la próxima y federal Secretaria de Seguridad Pública.

El perfil que finalmente sea elegido no deberá presumir, en ningún caso, probada militancia o simpatía ideológica con ninguno de los partidos políticos en Sonora. No podrá tampoco contar en su curriculum con experiencia en puestos anteriores (salvo que pueda probar que fue avalado por la ciudadanía durante todo ese ejercicio). No deberá contar entre sus logros, candidaturas a puestos de elección popular representando a partidos políticos. No será perfil adecuado si, en los últimos tres años, ha ejercido algún cargo público. No podrá ni deberá ser avalado como perfil si participó o fue parte de administraciones pasadas investigadas por corrupción, y el cargo que haya ejercido lo hizo caer en omisión o en ejercicio indebido de funciones.

Los requisitos oficiales (los anteriores son solo una visión personal de quien escribe) son sumamente laxos, y redactados para que esas posiciones se repartan bajo cuotas de poder entre los partidos: Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, tener al menos 35 años al día de la designación, tener título de licenciado en derecho con al menos 10 años de antigüedad, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito.

No es requisito probar residencia en Sonora.

Tal vez, en un hipotético caso, el nuevo Fiscal General en Sonora sea un fuereño, avalado en primer orden, entre el Ejecutivo y el Legislativo, avalado por el Judicial, y después reconocido por la federación. ¡Quién sabe, el tiempo lo dirá!

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