Fiscalía y SPP, cargos difíciles de querer…
AHORA QUE renunciaron tanto el secretario de seguridad Adolfo García Morales, como el fiscal general, Rodolfo Montes de Oca, la especulación sobre sus posibles sucesores campea a galope tendido.
En el caso de Wenceslao Cota queda claro su pensamiento de buscar la tranquilidad que le puede ofrecer su despacho de abogados. No requiere seguir viviendo en la incertidumbre propia del servicio público pues no anda en la búsqueda de una posición como la de fiscal cargo que ya ocupó en tiempos de Manlio Fabio Beltrones cuando fue gobernador.
De hecho, su nombramiento hubiera sido ideal pues su influencia en torno a Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno, crearía un binomio benéfico al Estado por la capacidad de conocimiento de situaciones, actores y demás detalles de lo que ocurre en nuestro suelo.
Pero no.
Todo indica que Cota Montoya ya cubrió su ciclo en la Administración Pública y lo más seguro es que se ofrezca la oportunidad a otros que quieren esa posición.
El hecho es que para nombrar fiscal estatal se debe de elegir de entre cinco propuestas que realizará el Ejecutivo y el Congreso del Estado tiene dos meses para que haya luz sobre el personaje favorecido que por cierto, deberá pasar por una serie de entrevistas y pruebas de ácido.
No crea lector que abundan los hombres y mujeres que se mueren de ganas por ocupar estos dos problemáticos cargos, donde se arriesga la vida por una paga que no vale la pena y que valdrá menos a partir del primero de diciembre cuando entre a gobernar AMLO y recuerde a todos los funcionarios que nadie podrá ganar más que el presidente del país.
Claro que la experiencia cuenta mucho, por esa razón valdría la pena abrillantar el nombre de Abel Murrieta quien ya ha mostrado a propios y extraños, a gobiernos priístas y panistas, que conoce muy bien la situación delincuencial en Sonora y que cuando se requiere negociación o persecución, para ambas acciones tiene la capacidad suficiente para detonar la acción correspondiente.
Hay un hecho muy claro, en la procuraduría no es tiempo de colocar improvisados.
Por otra parte, se menciona a Ernesto de Lucas, actual regidor priísta en el Ayuntamiento de Hermosillo, para que sea el próximo secretario de Seguridad Pública, cargo que ocupó en tiempos del ex gobernador Eduardo Bours , pero pues todo indica que no será así. El popular Pato prefiere el perfil bajo, seguir como regidor y crear el equilibrio en el Ayuntamiento capitalino una vez que agarre vuelo a partir de enero del año que entra.
En lo particular siento que en la posición de Adolfo García Morales cabría muy bien el carácter y la disposición de Miguel Ernesto Pompa Corella cuya secretaría bien pudiera a su vez ser ocupada, si es por una dama, sin duda alguna por Natalia Rivera y si es varón, está que ni mandado a hacer Guillermo Silva Montoya.
Por esa razón, quienes ocupen esos cargos lo deberán hacer en base a una convicción de favorecer al Estado, de otorgar a su vez una muestra de lealtad real a la gobernadora Claudia Pavlovich y sobre todo, porque deben ir dispuestos a dar el cien por ciento de su capacidad, liderazgo y adecuada toma de decisiones.
En vía de mientras la gobernadora Claudia Pavlovich hizo un llamado respetuoso al Congreso del Estado y al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado a iniciar cuanto antes los procedimientos para nombramientos del Fiscal General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública de Sonora, respectivamente.
Tras la renuncia de ambos funcionarios la mandataria señaló que es indispensable agotar el trámite de los nombramientos ante la necesidad de contar con titulares en estas áreas que son fundamentales y claves para Sonora.
En el caso del Secretario de Seguridad Pública el nombramiento es de facultad de la Gobernadora en base a una terna que presente el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, mientras que el del Fiscal General de Justicia, iniciar el procedimiento corresponde al Congreso del Estado que a como están ahorita agarrados de la greña quien sabe si cumplan en tiempo y forma.
De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Sonora, a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado, el Congreso del Estado contará con 20 días para proponer al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado al menos cinco candidatos al cargo de Fiscal.
El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado validará a los candidatos y remitirá el listado al titular del Poder Ejecutivo, quien propondrá una terna al Congreso del Estado para que sea el poder legislativo quien designe al nuevo Fiscal General. Y así es como pueden irse hasta dos meses si, insisto, no se ponen de acuerdo.
EN FIN, esto se va a poner sabroso, me pregunto si serán los únicos cambios en el gabinete o habrá otros más delante. Por hoy es todo, le seguimos mañana si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 30 años de experiencia en medios escritos y de Internet, cuenta con posgrado en Administración Pública y Privada.
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