Puntea Sonora en generar empleos: 15,970 en dos meses

2019-03-14 | Sonora Hoy | Columna
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Nido de víboras

SSSSSSSS… Otro revés al escepticismo de quienes no aceptan el avance y consolidación económica de Sonora es la información que ayer dio a conocer la Gobernadoras Claudia Pavlovich: En el primer bimestre de este 2019 se generaron 15,970 nuevos empleos en la entidad.

Según registros del IMSS, en enero se crearon 10, 759 nuevos empleos, aportando a nivel nacional el 11.3 por ciento del total de empleos generados en el país, mientras que en febrero fueron 5,211 nuevas fuentes de trabajo.

Sin duda, debe ser altamente satisfactorio para la Gober que Sonora sobresalga a nivel nacional también en el renglón de la generación de empleos, pues ello se deriva de manera directa de la promoción integral que se hace de la entidad en foros nacionales e internacionales, así como de la confianza que tienen los inversionistas en el estado, dada las condiciones de certeza laboral y jurídica.

Este crecimiento, avance y consolidación de la actividad económica de Sonora se había diluido durante el anterior sexenio y ello se vio reflejado también en otros indicadores como salud y educación.

Con estos números en la generación de empleos, Sonora inicia con pie firme el primer año del gobierno de la Cuarta Transformación, aspecto que no pasa desapercibido para los analistas económicos.

SSSSSSSS… Muy puntual el comunicado que preparó el equipo del ex Alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez en relación a la pretendida solicitud de juicio político promovido por las actuales autoridades municipales en contra del ex primer edil así como del ex Tesorero, Tadeo Iruretagoyena.

A su juicio, resulta por completo improcedente por ser extemporánea y por derivarse de observaciones a un recurso federal ejercido entre 2012 y 2015, durante la administración de Alejandro López Caballero.

Por su interés, reproducimos de manera íntegra el comunicado en mención y que explica de manera precisa esta circunstancia.

Es totalmente improcedente la solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra el ex Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y el ex Tesorero Tadeo Iruretagoyena Tirado e improcedente la denuncia de hechos, ya que se deriva de la no solventación de un recurso que fue ejercido por la administración 2012-2105 y no por la presidida por ‘Maloro’ Acosta.

Si bien el pasado 05 de marzo, el Congreso del Estado recibió un escrito de la C. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, en su calidad de Titular del Órgano de Control del Ayuntamiento de Hermosillo, mismo que fue turnado posteriormente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de dicha Soberanía, tanto la petición de juicio político como la acusación misma carecen de sustento.

La primera, que es la petición de juicio político, es extemporánea, toda vez que Acosta Gutiérrez se separó de su cargo como Presidente Municipal el 26 de enero de 2018 y de acuerdo al artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sonora, “el procedimiento de Juicio Político deberá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe un empleo, cargo o comisión, o dentro del año siguiente al de la conclusión de sus funciones”.

“Maloro” Acosta pidió licencia de su cargo por tres meses el día 26 de enero de 2018 y presentó su renuncia el 16 de marzo, sin haber concluido ese periodo, por lo tanto desde la fecha de su licencia no volvió a estar en funciones de Presidente Municipal, de tal manera que ya ha transcurrido más de un año y ha vencido el plazo para iniciar un proceso de esa naturaleza.

Sin embargo, el tema de fondo que daría origen a esta solicitud ante el Congreso, es totalmente desproporcionado, pues se le está pretendiendo “enjuiciar” por la falta de solventación de un recurso que no se ejerció en su periodo de gobierno, esto es, ni por “Maloro” Acosta ni por Tadeo Iruretagoyena.

Se trata de observaciones a un recurso federal proveniente del Ramo 23 por un monto de $ 6 millones 838 mil 497 pesos, que fueron ejercidos en 2015, pero no en el último trimestre de ese año, sino por la administración encabezada por Alejandro López Caballero 2012-2015.

Esto es, no hay ningún daño patrimonial que el ex alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta ni Tadeo Iruretagoyena, hayan generado al Ayuntamiento de Hermosillo, toda vez que no son recursos que se hubieran ejercido en su gestión.

Cabe señalar que el recurso en comento fue requerido para solventación por última ocasión el día 9 de octubre del año 2018, por el C. P. Gustavo L. Rodríguez Lozano, Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, mediante oficio 05.06-1633/2018, dirigido a la C. Maestra Célida Teresa López Cárdenas.

Es decir, se estaba en tiempo para solventar lo observado y no se hizo, por lo que resulta evidente que si en octubre de 2018 aún era tiempo de responder, no hubo omisión por parte de los denunciados.

En este sentido, es importante precisar que los hechos denunciados no entran en ninguno de los supuestos del artículo 270 de la Ley Estatal de Responsabilidades (ley actual), ni del artículo 8 de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios (ley anterior), ya que en ningún momento se cometió, por parte de la persona o personas denunciadas, perjuicio al Municipio o alguna omisión de carácter grave.

En este sentido, es claro que deberá decretarse la improcedencia del juicio político por los puntos siguientes:

1. Es extemporánea la petición de juicio político.

2. No hubo daño patrimonial o perjuicio grave al municipio por parte de los denunciados, ya que no fue en su administración cuando se ejerció ese recurso.

3. Los motivos que originaron la presente denuncia estuvieron en tiempo de solventarse por el Gobierno Municipal actual, por tal motivo no se incurrió en una omisión de carácter grave por parte de los denunciados.

Hasta ahí lo expuesto en el comunicado.

Más claro, ni el agua: El “Maloro” e Iruretagoyena están más allá de cualquier señalamiento a ese respecto.

SSSSSSSS… Sin duda, cuando en septiembre del 2015 se le ofreció a Daniel Hidalgo la Dirección General de la televisora TELEMAX, fue con plena conciencia de que este experimentado profesional de la administración pública y privada cumpliría a carta cabal con el compromiso de sacar adelante a una entidad sumida desde hacía varios años, en la más completa bancarrota y a punto del colapso, pues además de adeudar sueldos y prestaciones a su personal, acusaba un atraso enorme en el pago de sus obligaciones fiscales. Acertaron en su decisión.

Daniel Hidalgo fue el invitado de los comunicadores de la Mesa Cancún y además de que dio a conocer información valiosa del estado que guardan las finanzas de la empresa Televisora de Hermosillo, S.A de C.V., las inquietudes de los “canucnes” se centraron básicamente en los temas relacionados a la supuesta participación de TELEMAX, revelada en un trabajo periodístico al que se le conoce como “La Estafa Maestra” y en segundo término, a los comentarios que vertió una legisladora federal acerca de que “Telemax debiera venderse para resolver el problema financiero por el que atraviesa el Isssteson”.

Sobre el primer tema, Daniel Hidalgo afirmó que hasta la fecha no existe un solo requerimiento o proceso en contra de directivo alguno de TELEMAX, y que de las exhaustivas revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación no se han desprendido responsabilidades, al constatarse que el manejo de los recursos provenientes de las dependencias federales señaladas, con los que se pagaron los servicios contratados a la televisora sonorense, fueron depositados en las cuentas de la propia empresa y éstos se aplicaron rigurosamente en el pago de los adeudos fiscales y otros compromisos que arrastraba desde hacía varios años. Punto. No hay más.

Sobre este particular, cabe comentar que el 4 de diciembre pasado, el Director General de TELEMAX compareció ante los integrantes de la 62 Legislatura y uno por uno respondió a cabalidad los cuestionamientos de los diputados interesados en este tema.

Sobre el segundo aspecto, desestimó que sea la solución para resolver las deudas del ISSSTESON vender activos fijos del Gobierno del Estado como TELEMAX, el Estadio de béisbol “Héctor Espino” de Hermosillo y el “Tomás Oroz Gaytán” de Ciudad Obregón, a la vez. Ello no aportaría gran cosa al Fondo de Pensiones del instituto, pues ni siquiera cubriría el 50 por ciento del boquete financiero que dejaron tan sólo en ese rubro los padrecistas.

A juicio de varios de los presentes, lo más seguro es que las declaraciones en favor de la venta de TELEMAX obedezcan a la probable intención de que algún grupo económico adquiera la televisora con otros fines claramente políticos, habida cuenta la cercanía del proceso electoral del año entrante.

Hidalgo Hurtado hizo una pormenorizada exposición de los logros alcanzados principalmente en el terreno de las finanzas de TELEMAX en los últimos tres años y medio, destacando para empezar que es el canal televisivo con mayor cobertura en todo el estado, pues su señal llega casi al 100 por ciento del territorio sonorense, así como en las ciudades más importantes del sur de Arizona, con sus 58 repetidoras y diariamente es sintonizado por alrededor de 1.4 millones de personas.

TELEMAX llamada entonces Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., fue la primera del país fuera de la Ciudad de México´ e inició sus operaciones en mayo de 1959, por lo que en este año llega a sus primeros 60 de transmisiones, primero como una repetidora de las filiales de Telesistema Mexicano (Televisa) y después en 1984, siendo gobernador de Sonora Samuel Ocaña García la adquirió el Estado.

En la actualidad TELEMAX no recibe subsidios gubernamentales, pues como sociedad mercantil su operación depende exclusivamente de sus ingresos, los cuales ascienden a los 93 millones de pesos, y son por concepto de venta de publicidad eminentemente comercial y de los servicios de difusión que le presta a la Secretaría de Educación y Cultura, así como al propio Gobierno del Estado.

Con razón dice Hidalgo Hurtado que hay una enorme diferencia entre TELEMAX y Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional -con sede en la Ciudad de México, el cual recibe un jugoso subsidio de 700 millones de pesos anuales por parte del Gobierno Federal.

TELEMAX, hasta el año 2015 tenía ingresos de apenas 53 mdp provenientes de un universo de 132 clientes; arrastraba grandes deudas fiscales, principalmente, laborales y a proveedores y una escasa cobertura y los sonorenses asociaban ese canal de televisión como un instrumento del gobierno para “golpear” a la oposición, concepto que ha cambiado diametralmente en los últimos tres años y medio al evolucionar su programación a contenidos verdaderamente plurales y respetuosos de los valores y a la difusión de noticias de manera objetiva y apegada a la realidad.

Prueba irrefutable de su respeto sin distingos a ideologías y partidos es que se cubrieron las campañas de la casi todos los candidatos en el pasado proceso electoral, con un total de 202 entrevistas a los aspirantes a una posición electoral.

A reserva de brindar más información sobre TELEMAX en otras entregas, puede resumirse que la labor desarrollada por Daniel Hidalgo Hurtado en esa televisora es inédita, pues nunca antes había existido la preocupación a nivel de directores generales porque este medio de comunicación fuese autofinanciable en su operación, lo que se ha logrado en estos tres años a través de la comercialización de sus servicios, gracias a que es la única empresa de la red de televisoras estatales que tiene concesión comercial ya que la han sabido aprovechar.

Y si bien es cierto que en la figura de sociedad mercantil, el Gobierno del Estado es parte de ella, TELEMAX no recibe subsidio alguno, y cada día busca ampliar su campo de acción involucrando en la venta de publicidad a todo su personal que asciende a 160 empleados, la mayor parte de los cuales tiene un promedio de más de 20 años de antigüedad.

Al inicio del su sexenio, Claudia Pavlovich, Presidenta del Consejo de Administración de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. se planteó la disyuntiva de liquidar o rescatar de la bancarrota a TELEMAX; resultaba varias veces más oneroso finiquitar a sus empleados y cubrir todos los adeudos fiscales ya proveedores existentes a la fecha los cuales ascendían a los 257 millones de pesos, que intentar su reestructuración y recuperación financiera y la reconversión total a una mejor opción informativa y de sano entretenimiento para los sonorenses.

La Gobernadora Claudia Pavlovich se decidió por darle ese desafío a Daniel Hidalgo Hurtado. Y no se equivocó.